Alliana, quien reside en la ciudad de Lambaré, mencionó que la administración del imputado Armando Gómez (PLRA, llanista), actualmente intervenida por el Ejecutivo, anuló los pagos en impuesto inmobiliario, equivalentes a G. 5 millones que realizó en los años 2017, 2018 y 2019.
Indicó que casos similares se dieron con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez (ANR) y con el presidente del PLRA, Efraín Alegre, quienes también residen en Lambaré.
El titular de Diputados y de la ANR dijo que el lunes pasado conversaron con diputados de varios sectores y que correspondería la destitución de Gómez por las escandalosas irregularidades que fueron detectadas por el equipo interventor del Ejecutivo en la administración del liberal.
Alliana mencionó que la denuncia ya elevó al equipo interventor del Poder Ejecutivo y que no descarta plantear una denuncia penal en contra del intendente, quién está imputado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
También mencionó que el equipo interventor del Ejecutivo le informó que solo en un año y medio de auditoría 9.000 facturas fueron anuladas por un valor total de G. 19.000 millones. “Me informaron que al vicepresidente de la República (Velázquez) y al presidente del Partido Liberal (Alegre), que también tienen propiedades en Lambaré, les pasó lo mismo y al hipermercado el Pueblo. Ayer denuncié por nota a los interventores”, indicó.
El diputado aseguró que pagó su impuesto, le dieron su factura, pero aparece anulada la factura. “Ellos anularon sin el original, ellos nomás vía administrativa, son casi G. 5 millones por tres años”, se quejó.
Alliana dijo que la destitución de Gómez es “irreversible”. Afirmó que el 26 vence el plazo de culminación de la intervención y que estarían viendo la figura legal, con el decreto presidencial de la cuarentena, para extender el plazo para tratar el caso Lambaré.
En manos de la Fiscalía
Amancio Rivas Fretes, interventor de la Municipalidad de Lambaré, dijo esta semana a ABC Color que su informe final fue entregado a la Fiscalía para que actúe de oficio. Allí consta la manipulación del sistema informático. Funcionarios identificados y personas extrañas a la Comuna ingresaban con los códigos para anular los pagos que hacían los contribuyentes lambareños.