Los fiscales de Delitos Económicos René Fernández, Liliana Alcaraz, José dos Santos y Claudia Criscioni pidieron al juez Julián López que la causa sea objeto de juzgamiento oral.
A Quintana Venialgo se la identifica como la “niñera” de los hijos de Bogado, al tiempo de figurar como funcionaria en la Cámara de Diputados y la Itaipú.
El escrito de acusación, además de especificar pormenorizadamente cómo la mujer obtuvo con la ayuda de su “patrón” contratos en la Cámara Baja y la binacional, ratifica que la mujer era empleada “particular” de la familia Bogado-Aveiro. Esto fue negado por la mujer y por el legislador.
En ese sentido, se especifica con una documentación remitida por la Cooperativa El Pinar Ltda., donde Quintana solicitó créditos y consignó sus referencias laborales de la siguiente manera: “1) Hasta al menos el 22 de octubre de 2007, la acusada prestaba servicios como ‘empleada familiar/niñera’ del señor Christian Leguizamón 2) Desde el 1 de diciembre de 2007, prestaba servicios en forma particular con el diputado nacional Víctor Bogado, quien le expidió un certificado de trabajo como diputado nacional. Cabe señalar que Gabriela Quintana Venialgo recién fue contratada por la Cámara de Diputados el 2 de julio de 2008; en ese sentido, siempre conforme a los documentos remitidos por la Cooperativa El Pinar Ltda., la referencia laboral fue confirmada por la señora Guadalupe Aveiro de Bogado, en fecha 3 de julio de 2008”.
La “niñera” percibía primero un salario de G. 1.300.000 en la Cámara de Diputados, desde el 2 de julio hasta el 30 de setiembre de 2008, como “asistente” del propio Bogado. Luego, fue nombrada como funcionaria permanente el 17 de febrero de 2010 con el cargo de Técnico (1), categoría D4D, función que desempeñó hasta setiembre de 2013, con un salario de G. 13.237.400, según la acusación.
En febrero de 2013, Miguel Ángel Pérez Núñez (coimputado), entonces director de Gabinete de Bogado, pidió su contratación en Itaipú y la mujer recibió una paga mensual indebida de G. 8.739.300. Tras el escándalo, la binacional rescindió el contrato y Quintana devolvió los G. 71 millones percibidos irregularmente hasta octubre de 2013.