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En la penúltima sesión de la Cámara Baja, los diputados del presente periodo legislativo intentan aprobar esta tarde a partir de las 14:00 a tambor batiente una ley especial que terminará privilegiando a familiares, amigos y operadores de los parlamentarios.
La norma excluye de cualquier tipo de intervención para concursos públicos y procesos de desprecarización de funcionarios a la Función Pública.
En cuanto a la admisión permanente del funcionario legislativo, el proyecto de ley menciona que toda persona tiene derecho a presentarse a los exámenes y concursos públicos, en igual dad de condiciones.
Sin embargo, menciona que el procedimiento se hará de acuerdo a la presente ley y a “la reglamentación dispuesta por la máxima autoridad de cada Cámara”. Lo que habilita a cada presidente de la Cámara que asume cada año a cambiar las reglas de juego de acuerdo a su “entender”.
Si bien la norma señala que “en ningún caso la discapacidad será un impedimento para la incorporación de una persona como funcionario del Poder Legislativo”. Existe la duda porque la Ley 3585/08 obliga a las instituciones del Estado a que el 5% de sus empleados sean personas con discapacidad, pero aparentemente en el Congreso no se aplicará esta disposición legal.
En el proyecto de ley se establece una carrera administrativa y el escalafón del funcionario del Poder Legislativo. Los cargos vacantes intermedios serán priorizados para los funcionarios permanentes.
El proyecto fue presentado luego de que un grupo de sindicalistas de Diputados fracasara en su intención de que la Corte declarara inconstitucionales algunos artículos de la Ley 1626/00 de la Función Pública.
Los funcionarios habían atacado las ocho horas laborales que se exigen. Actualmente los funcionarios de Diputados trabajan solo seis horas bajo el argumento de que la reconstrucción del Senado les afecta.
La ley fue vetada
Este mismo proyecto de ley ya fue sancionado pero el Ejecutivo vetó el 28 de setiembre del 2016, con el gobierno de Horacio Cartes porque violaba el principio de igualdad entre funcionarios públicos.
“No se verifican diferencias sustanciales en la modalidad de prestación de servicios de los funcionarios del Poder Legislativo que ameriten la vigencia de una ley especial, atendiendo a que las funciones que cumplen, en esencia, no son distintas a las de los demás servidores públicos del ámbito administrativo del Estado”, argumenta parte de la objeción firmada por Cartes.