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Directores de la Entidad Binacional Itaipú, a través de una resolución aprobada el 8 de marzo pasado, pasando por encima de la Ley 1361/88 “que regula la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú”, establecieron nuevos requisitos para alcanzar la jubilación en la entidad.
Según la Resolución del Directorio Ejecutivo (RDE), con la nueva “adecuación” “el afiliado que se desvincule laboralmente de la entidad o de la Cajubi podrá optar por acogerse a la jubilación siempre que tenga tres o más años de afiliación para aquellos empleados con contrato laboral vigente a la fecha de aprobación del beneficio”.
Los principales beneficiarios de la nueva disposición serán los actuales directores, encabezados por James Spalding, quien pese a tener 52 años, pagando una mínima suma (12% de su ingreso actual) podrá acogerse a una jubilación de oro a los sesenta años, pues ya tendrá asegurados los años de aporte requeridos. Spalding ingresó a la entidad el 16 de agosto del 2013. También beneficiará a un importante número de “asesores especiales” que no son otra cosa que operadores políticos; y a los consejeros.
Solo para ellos
La nueva reglamentación beneficiará con exclusividad a los que ingresaron con este gobierno, pues en la resolución se establece que los empleados o exempleados que ingresen a la entidad con posterioridad a la aprobación de esta resolución deberán tener diez o más años de afiliación para acogerse a la jubilación.
La Ley 1361 de Cajubi en su artículo 52 dice que para obtener una jubilación ordinaria, el afiliado a la Caja tiene que reunir dos condiciones: tener 60 años de edad y 10 años de aporte.
Para una jubilación extraordinaria se debe tener 60 años de edad y cinco a nueve años reconocidos como tiempo de contribución.
La resolución entrará en vigencia una vez que apruebe el Consejo de Administración que es parte interesada, pues resultará beneficiada. Esta instancia se reúne a fin de mes.
Al borde de la quiebra
Los sindicatos de la entidad cuestionan la nueva medida. En una nota presentada ante el Consejo piden su rechazo, pues aseguran que pone en riesgo la Caja. Según un estudio hecho, tendrá un impacto financiero superior a los G. 26.000 millones.