El 10 de junio de 2014, el magistrado Herminio Montiel Fernández, del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del cuarto turno del Alto Paraná, decretó la prohibición de innovar en los inmuebles que pertenecen a Joel Eisen Hippler .
El oficio Nº 760 deja constancia de que “queda garantizada la custodia de la posesión, el ingreso de los mismos y de las personas que estos autoricen y la actividad agrícola de la temporada”.
La orden judicial permitió que la cosecha pasada pudiera llevarse a cabo con resguardo de efectivos de la Policía Nacional.
La orden judicial de no innovar se encontraba plenamente vigente en el momento en que la familia Eisen era desalojada violentamente de su propiedad, acción que tuvo lugar el pasado lunes 28 de julio.
Pedidos de auxilio
Colonos de origen brasileño se reúnen mañana con el embajador del Brasil mientras que productores alemanes ya presentaron una denuncia ante el consulado honorario de la República de Alemania en Ciudad del Este.
Campesinos paraguayos llevan las de perder porque el Indert hasta este momento no se expide en favor de los dos asentamientos que figuran en el perímetro de la finca 1057 cuyo título de propiedad es falso.
¿Pedir auxilio al Brasil? ¿Y donde van a recurrir si en Paraguay la justicia actúa en complicidad con el poder político para despojarles de sus tierras?
Joel Eisen es propietario de 1.742 hectáreas cuyo valor comercial puede llegar fácilmente a los 17 millones de dólares.
Luis Aníbal Schupp y Nivaldo Ourikes Kestring son acusados de despojar a los Eisen de una tierra que legítimamente les pertenece.
El abogado de Schupp es Ricardo González Forcado, oficial retirado de la Policía Nacional, cuñado del diputado Mario Cáceres.
En Itapúa se acusa al vicepresidente de la República Juan Eudes Afara de estar involucrado en el atropello y despojo a la familia Eisen.
El día del desalojo, Schupp logró movilizar 120 efectivos de la Policía Nacional incluyendo 20 agentes del Grupo de Operaciones Especiales; hasta 2 francotiradores se llegaron al lugar. Se movilizaron 23 patrulleras que acudieron a Mayor Otaño desde todas las comisarías del departamento.
La familia Eisen está integrada por cuatro personas.
Y no termina aquí: fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que no recibieron notificación previa del desalojo tal como figura en el protocolo policial.
¿De donde sacó Schupp semejante apoyo para tomar posesión de tierras que tienen legítimo propietario?
No tiene nada que ver con el tema, pero vale la pena recordar que Juan Afara y Aníbal Schupp tienen ganado dentro del Parque Nacional Paso Bravo, en el distrito de San Carlos del Apa, Concepción, donde Schupp es intendente.
Vergüenza para la justicia
Para colmo de males, desde la oficina del ministro Miguel Óscar Bajac se envío un fax con la copia del título falso de la finca 1057.
¿Está metido también un ministro de la Corte Suprema de Justicia en la vergonzosa falsificación del título de propiedad de la finca 1057?
Semejante demostración de poder político y judicial no permite a campesinos y productores esperar justicia; en el caso de los primeros, el Indert brilla por su ausencia a pesar de los reiterados pedido de apoyo.
En este momento se encuentran en juego cinco mil hectáreas de la mejor tierra de Iruña, Mayor Otaño y Ñacunday. Hablamos de 50 millones de dólares en propiedades que se encuentran totalmente mecanizadas, en plena etapa de producción.
El objetivo final es tomar posesión de las cinco mil hectáreas sin importar la falsedad del documento que sustenta la codicia.
No hay dónde solicitar auxilio y se ve que la justicia actúa en abierta complicidad con el poder político.
En estas condiciones es absolutamente válido pedir socorro a los respectivos países de origen de los colonos. Aquí no se trata de un problema legal, es cuestión de impunidad para el despojo.
Impunidad que otorga el mismo Poder Judicial.
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