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Díaz Verón, en un escrito remitido al contralor general Roy Rodgers, refirió que de manera invariable se somete al juzgamiento del Tribunal de Cuentas, segunda sala, las ejecuciones presupuestarias de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. “Incluso se cuenta con fallos jurisprudenciales que han aprobado dichas rendiciones, las cuales se han sustanciado conforme a la garantía constitucional del debido proceso contemplado en el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional”, dice la nota.
Agrega que también se tiene previsto enviar al Tribunal de Cuentas la rendición del año 2015.
El contralor general había dispuesto el 11 de diciembre pasado, un examen especial de la ejecución presupuestaria de gastos del Ministerio Público, específicamente el subprograma nacional de Investigación Forense y Criminalística, correspondiente al ejercicio de 2015, “sin perjuicio de ampliar conforme al desarrollo del trabajo”.
Sin embargo, el fiscal general se opone a esta auditoría y para ello alega una sentencia de la Corte que le otorga competencia al Tribunal de Cuentas, segunda sala.
El juzgamiento del Tribunal de Cuentas es lo que se critica, atendiendo que el que dictamina si el Ministerio Público usó o no bien el presupuesto es un fiscal de Cuentas, que es subordinado de Díaz Verón.
El dictamen del fiscal de Cuentas es analizado por los tres miembros del tribunal, que finalmente dictan su fallo.
Hasta ahora no se conoce que el fiscal o los miembros del Tribunal de Cuentas hayan rechazado la rendición de cuentas del fiscal general o de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
De esta forma, tanto el Ministerio Público como la Corte se blindan del control de la Contraloría General.
Preocupante
El contralor general dijo que “es sumamente preocupante que el Ministerio Público se niegue a una auditoría de gestión. No puede ser que la fiscalía escape al contralor de una institución habilitada por la Constitución”.
“Vamos a pedir intervención en el Tribunal de Cuentas, para que nos corran traslado de los documentos que presenta la fiscalía”, manifestó Rodgers al ser consultado qué va a hacer ante la negativa de Díaz Verón.
La mayoría de las municipalidades y gobernaciones también habían accionado ante la Corte, para evitar la auditoría de gestión por parte de la Contraloría.
Rodgers manifestó que los responsables de las instituciones tienen que transparentar su gestión.