En diciembre del año pasado, los diputados Carlos Soler y Sebastián Acha, del Partido Patria Querida, denunciaron ante la Fiscalía de Delitos Económicos a Camilo Soares, exsecretario de Emergencia Nacional, por lesión de confianza. Lo acusaron de irregularidades estimadas en más de 5.000 millones de guaraníes en la construcción de desalinizadoras en las localidades chaqueñas de Tte. 1º Irala Fernández y Villa Choferes del Chaco, entre los años 2009 y 2011.
La fiscalía no avanzó con esta denuncia y la misma esta cajoneada en el Ministerio Público. La semana pasada, el ministro de Salud, Antonio Arbo, se refirió al tema y confirmó que efectivamente el proyecto fue un fracaso. “Las plantas desalinizadoras no son funcionales. No dan nada”, indicó.
Dijo que las instalaciones construidas a finales del 2009, durante la gestión de Soares y la presidencia de Fernando Lugo, no producen una sola gota de agua. “Están totalmente abandonadas. La solución al problema del agua en el Chaco va a ser el acueducto”, refirió.
El otro ministro que también habló del tema fue el de Obras Públicas y Comunicaciones, Enrique Salyn Buzarquis, quien dijo que las obras fueron un desperdicio de dinero.
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A esto se suma que el propio actual ministro de la SEN, Rafael Valdez, estimó que una de las plantas solo servirá de depósito, mientras que la otra podría funcionar con algunas readecuaciones.
Las desalinizadoras fueron parte de la campaña de Fernando Lugo, quien había prometido que con esto los chaqueños no volverían a sufrir la falta de agua.
La primera planta fue inaugurada en octubre del 2010, en Villa Choferes, departamento de Boquerón.
No quieren investigación
En enero de este año, los abogados José Casañas Levi y Álvaro Arias patrocinaron un escrito que fue entregado a la directora de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Patricia Doria, en el que señalan que el tema desalinizadoras ya fue investigado. Soares alega en su pedido de desestimación que de abrirse una nueva investigación por la construcción de las dos desalinizadoras sería doblemente juzgado por un mismo hecho, lo que está prohibido.
Aduce que el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio ya investigó este punto y también lo que se gastó en “Chaco oikotevê ñanderehe”, que se llevó adelante entre 2009 y 2010 para paliar la sequía en la región.
De acuerdo con estimaciones de la SEN, las desalinizadoras de Tte. 1° Irala Fernández y Villa Choferes del Chaco tuvieron un costo por encima de los 15.000 millones de guaraníes.
La institución nunca informó oficialmente el monto total de la construcción, por lo que no se tienen números exactos de cuánto dinero se gastó en la edificación. Las primeras estimaciones de la SEN, a mediados de 2010, informaban que las obras tendrían un costo aproximado de 10.000 millones de guaraníes.
La Contraloría, en su informe sobre las obras, sostiene que la auditoría tuvo una seria limitación debido a “la escasa cantidad de información disponible lo cual no ha permitido establecer, el monto o cantidad total de los contratos suscritos entre la SEN y las firmas beneficiadas para la construcción...”. La SEN trató de justificar ante la Contraloría la falta de documentos alegando que “se ha despojado en forma arbitraria a la institución de parte importante de las documentaciones relacionadas a sus operaciones sin permitir que se realicen las fotocopias...”.