A diario, referentes de una organización no gubernamental denominada Grupo Impulsor de Acceso a la Información llama y visita a diputados de diversas bancadas para lograr la aprobación de un proyecto de ley que limitará la tarea de la prensa al establecer excepciones para acceder a fuentes públicas de información.
La cara visible del Grupo Impulsor (GIAI) es la ONG Semillas para la Democracia, dirigida por Marta Ferrara, quien trabaja en coordinación con Ezequiel Santagada. Esta había presentado en el Senado el proyecto de ley que fue aprobado bajo el patrocinio de los senadores Mario Abdo Benítez y Enrique Bacchetta (ANR); Blas Llano y Carlos Amarilla (PLRA), y Arnaldo Giuzzio y Desirée Masi (PDP).
La normativa propone establecer límites a la información que se genera en las instituciones públicas, protegiéndolas bajo la denominación de “información reservada”.
Menciona de manera genérica que serán resguardadas bajo dicho nombre las informaciones que podrían dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del Estado; poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona; implicar una pérdida de ventajas competitivas o que pueda dañar su proceso de producción, o desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados.
La comisión de Prensa y Propaganda de la Cámara Baja presidida por la colorada Cynthia Tarragó dictaminó por unanimidad en contra de la normativa. Señala que “todo tipo de reglamentación que pretenda establecer los mecanismos de acceso a la información pública no hacen otra cosa más que alterar el orden natural de la libertad de expresión y el acceso a la información, ya que toda redundancia en la materia antes que beneficiar y facilitar su aplicación, la están cercenando”.
Mañana, la Comisión de Ciencia y Tecnología presidida por Antonio Buzarquis también emitirá su dictamen. Todo indica que será en el mismo sentido que Prensa y Propaganda.
Mediante la presión ejercida por el GIAI, la propuesta de normativa también fue girada a la Comisión de Derechos Humanos.
El referido proyecto de ley podría ser tratado en plenaria en la sesión del próximo miércoles.