De esta forma, el legislador pretende modificar el presupuesto de gastos vigente que prevé el pago de pasajes en primera clase, además de los vicepresidentes y titulares de poderes del Estado, a parlamentarios, ministros de la Corte Suprema, máximas autoridades de los organismos y entidades del Estado y embajadores, todos en los viajes que superen 8 horas de duración, incluidas las escalas.
Núñez alega que con los billetes de clase ejecutiva se genera un gasto importante “en forma innecesaria” al Estado y que contradice la política de “racionalización de los gastos” públicos. Señala que la erogación anual aproximada es de unos G. 30.000 a G. 40.000 millones en concepto de pasajes aéreos y que esta cifra aumentará considerablemente con el actual presupuesto general.
En ejercicios fiscales durante el gobierno anterior se había establecido que los boletos aéreos sean de clase económica, exceptuando solo a los vicepresidentes y presidentes de los poderes del Estado. La senadora colorada Lilian Samaniego, actualmente afín al abdismo, desde mayo del 2018 impulsa un proyecto de ley que planteaba eliminar esa limitación y que todos los funcionarios en representación del Estado viajen en clase ejecutiva. Firmaron su proyecto sus colegas colorados cartistas Víctor Bogado (acusado) y Juan Darío Monges y los liberales llanistas Enzo Cardozo (acusado) y Fernando Silva Facetti. El proyecto finalmente había sido archivado, pero el planteamiento fue incluido y aprobado en el actual presupuesto general de gastos.