Tanto Luz Marilda, esposa del vicepresidente de la República Juan Afara, como Gustavo Ariel Brítez, de la seccional San Roque González, de Paraguarí, y Luis Guillén, presidente de la de Zanja Pytã, Amambay, deben explicar acerca de la aparición de firmas presuntamente falsificadas en las planillas pro reelección promovidas por el Partido Colorado para favorecer al presidente Horacio Cartes.
Pese a que la semana pasada la fiscalía ya anunció la convocatoria para la declaración de estas personas, llamativamente, en todo ese tiempo no se les pudo hacer llegar la notificación para su realización. El caso genera especial suspicacia debido a que desde un inicio se dilató todo el proceso de investigación, ya que, recién días después de que saltaran las groseras irregularidades, la fiscalía tuvo accesos a las planillas originales, que primero fueron devueltas a la ANR en vez de ser depositadas como evidencia.
Hasta ayer no se volvió a señalar fecha para la audiencia testimonial.
No obstante, para hoy a las 8:00, está previsto que se presente la titular del Instituto Paraguay de Artesanía (IPA), Esmilce Concepción Bobadilla, de la seccional colorada Nº 133 de Limpio.
Para mañana, a las 8:00, está pautada la declaración de Sandra Quiñónez, de la seccional colorada Nº 53 de Capiatá.
Finalmente, el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas (que soporta dos procesos por lesión de confianza) logró suspender su audiencia testimonial. Aparte de recusar al fiscal Fabián Centurión pidió copia de la carpeta fiscal a Corvalán y no declaró. El político pidió que se le fije nueva fecha, pero hasta el momento no se estipuló la convocatoria.
Los seccionaleros convocados tibiamente a testificales y no a declaraciones indagatorias (paso previo a la imputación), habrían cometido el hecho punible de producción de documentos no auténticos porque figuran como responsables de las planillas en que aparecen las firmas falsificadas de personas vivas y muertas.
El bochorno de la firmas motivó ya varias manifestaciones ciudadanas que rechazan el intento de violar la Constitución.