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El pleno de la Cámara Alta en su sesión ordinaria resolvió no tratar el proyecto de Ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que presentó el senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), a pedido del propio proyectista. Argumentó que se requiere de un mejor estudio.
El imputado senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, propuso en la sesión ordinaria la postergación de la propuesta legislativa, porque aún no tiene dictamen de comisión.
Sin resultados
Varios sectores sociales del departamento de San Pedro (norte del país) y agrupaciones políticas opositoras vienen hablando de la necesidad de eliminar la FTC por su aparente fracaso en el combate a los grupos criminales autodenominados Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y Ejército Mariscal López, que operan en el citado departamento norteño y también en Concepción y Canindeyú.
También alegan el costo millonario del grupo operativo y sus presuntos abusos contra la población civil, denunciados a menudo de manera mediática, pero casi nunca investigados y aclarados.
La FTC está desplegada en la zona norte del país desde agosto del 2013 ni bien asumió el presidente Horacio Cartes.
El entonces nuevo mandatario logró la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna para la presencia permanente de fuerzas militares y policiales en el norte.
El grupo operativo militar-policial no logró resultados decisivos contra los grupos armados, que siguen actuando en el norte del país.
El senador opositor Santa Cruz manifestó ayer que en 22 días se prevé incluir de vuelta en el orden del día de la sesión de la Cámara Alta. Para esa oportunidad ya tendría dictamen y además los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales ya habrían debatido sobre el punto y convocado a sectores afectados que puedan aportar informaciones útiles.
Gasto millonario
Uno de los cuestionamientos a la FTC, es que ya llevan instalados seis años en la zona norte del país, lo que a su vez significa una erogación millonaria para el Estado, algo que no se justifica, teniendo en cuenta que siguen los grupos criminales.
Solo en el presente año, la FTC ya utilizó unos cinco millones de dólares americanos de su presupuesto.
El gasto estatal en estas fuerzas especiales es de unos US$ 14 millones anuales, lo que fue duramente criticado por Santacruz en una sesión pasada.
A los ingentes gastos, hay que sumar las sospechas de corrupción que existen sobre los que manejan el grupo operativo.
En mayo pasado, fue la última vez que se tuvieron novedades del trabajo de la FTC cuando confirmaron que fue abatida en un tiroteo en Horqueta Leticia Jara Larrea, miembro del grupo criminal Agrupación Campesina Armada (ACA), banda que reapareció en la zona norte, bajo las narices de los militares y policías.