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El Gral. Garcete fue convocado para responder sobre las múltiples denuncias en el ámbito castrense. Uno de los casos es el de su esposa, la “generala” Lucía Duarte de Garcete, quien cobraba como funcionaria pública, pero se dedicaba a una fundación que hace obras de caridad con dinero público.
El Senado también requirió informes al Gral. Luis G. Garcete sobre las denuncias periodísticas de nuestro diario. Otro de los temas que debe explicar el jefe militar es el uso que le dio al decreto del presidente Horacio Cartes, mediante el cual el Mandatario le autorizó vía contratación directa a ejecutar un plan sensible de seguridad.
El comandante de las Fuerzas Militares planteó al Presidente la construcción de polvorines, armerías y una modernización operativa para marcar mayor presencia en zonas aisladas. Sin embargo, priorizó el arreglo de habitaciones privadas, el cambio de alfombras y placares de camarotes de comandantes y la refacción de oficinas, todas en capital. Mientras tanto, los cuarteles se caen a pedazos en las fronteras.
El valor de los contratos por vía de la excepción en las sedes castrenses asciende a G. 24.700 millones. El jefe militar también hizo compras “de oro” como el caso de lavarropas a G. 91 millones y los juegos de baño a G. 19 millones en la cárcel de Viñas Cue, etc.