Una “rosca mafiosa” se beneficia del oro extraído de minas ilegales

En Paso Yobái solo Lampa SA trabaja legalmente en la extracción del oro, mientras existen unos 1.000 mineros que operan en forma irregular, fuera del control del Estado. Al activar al margen de la ley son explotados por terceros (políticos y empresarios protegidos por esos dirigentes) y son presas fáciles de intermediarios para venderles el metal precioso.

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Datos extraoficiales indican que de los aproximadamente 30.000 habitantes del distrito de Paso Yobái (Dpto. de Guairá), más del 50% están vinculados con la explotación minera, ya sea como dueños de minas, de molinos, o arrendatarios de terrenos o jornaleros. El resto de la población en gran medida depende del dinero que genera ese negocio, que mueve la economía de la localidad desde los primeros años de la década de 1990.

“Fiebre del oro”

Según los datos, en 1994 se inició la “fiebre del oro” en el municipio, desde la divulgación de voz en voz del descubrimiento del metal por parte del ecuatoriano Antonio Iván Flores Díaz, un aventurero que llegó a la compañía Torres Cue atraído por una dama, Blanca Elizabeth Riveros.

Desde aquel entonces personas y empresas tratan de extraer el oro. Se formaron varias empresas en busca de conseguir concesiones del Estado para la explotación.

En 1997 apareció la primera empresa formal del ramo, Minas Paraguay. La actividad tuvo una influencia positiva en los lugareños. Varios lograron refaccionar sus casas, comprar vehículos y cubrir otras necesidades.

El Gobierno concedió, por Ley Nº 2.079 del 6 de marzo de 2003, a las empresas Minas Paraguay y Minera Guairá SA, alrededor de 7.200 hectáreas en esta zona, “para la prospección de minerales metálicos y no metálicos, gemas preciosas y semipreciosas”, en el distrito de Paso Yobái. Sin embargo, ninguna logró afianzarse en la actividad y en 2007 cedieron sus derechos a la compañía Latin American Minerals Paraguay (Lampa), de capital canadiense.

El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, afirmó hace unos días que Lampa SA es la única que tiene la concesión para la explotación de oro en el territorio de Paso Yobái. Precisó que la empresa obtuvo el permiso a través de la Ley 2079/2003, por 30 años, desde 2011.

Organización

Desde aquel entonces, los mineros informales (lugareños) que consideran injusto que el Estado entregue las riquezas a una firma extranjera, y que aseguran ello no genera beneficios en el distrito, se organizaron. Entre 2007 y 2008 formaron la Cooperativa de Mineros de Paso Yobái, liderada por Roberto Ruiz Díaz y compuesta actualmente por 467 asociados, y la Asociación de Mineros Artesanales y Afines, con 150 miembros.

Ambas organizaciones luchan para que el Estado les permita participar mediante una ley especial de la actividad minera. De esa manera dejarían de ser víctimas de los intermediarios, que son inescrupulosos políticos y empresarios con protección política, principalmente a la hora de vender el producto de su búsqueda.

Los “arreados”

Por otro lado, unos 380 mineros, divididos en grupos de 15 personas, son manejados por empresarios y políticos de la zona, como el ciudadano de origen alemán Albino Neukirchinger. Este es dueño de un predio en Torres Cue, donde en sociedad con el concejal y gobernador de facto de Guairá, Oscar Chávez (colorado oficialista), explota ilegalmente una mina de oro.

Hasta marzo de este año también formaba parte de esa sociedad “tácita” el gobernador guaireño y candidato a senador, Rodolfo Friedman (ANR, disidente).

Cada grupo de 15 personas recibe en forma mensual una carga de tierra sacada de las minas que manejan los políticos y empresarios para procesarla en los pequeños molinos para obtener el oro. Cada cierto tiempo son “arreados” para manifestaciones en contra de Lampa SA.

Lo que reciben es una migaja, ya que logran extraer un poco más de 6 gramos de oro, lo que equivale a cerca de G. 900.000. Divididos por 15 personas, les queda alrededor de G. 60.000.

Todos, tanto los organizados como aquellos que no, por temor a que se les decomise el oro por operar en “negro” y se queden sin nada, recurren a intermediarios para vender. Coinciden en que la legalización o regularización de sus trabajos ayudaría a mejorar la calidad de vida mucha gente de la comunidad y frenaría a la “rosca mafiosa”, encabezada por un grupito de políticos que controla la actividad.

alezcano@abc.com.py

victor.barrera@abc.com.py

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