Paraguay ante el desafío de perfilar sus instituciones para potenciar su crecimiento

Paraguay goza de ciertas condiciones y ventajas competitivas claves que lo podrían situar entre las economías más prometedoras de la región. Su estabilidad macroeconómica, con crecimiento promedio de 4,5% en los últimos 10 años, además de una controlada inflación, baja presión fiscal (tributaria y no tributaria, cercana al 20% del PIB), disponibilidad de energía limpia y barata, así como mano de obra joven y accesible, son componentes ideales para la expansión de una economía como la nuestra. Sin embargo, su frágil institucionalidad termina por convertirse en la mayor traba para explotar su potencial, atraer más capitales y alcanzar el anhelado grado de inversión.

PILARES
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Cuando se habla de falencias a nivel de instituciones, esta involucra desde su débil funcionamiento, la insuficiente prestación de servicios básicos que brindan a la sociedad, hasta el incumplimiento de determinadas normativas que rigen en el país. Todos estos ejes engloban a la seguridad jurídica, pero que en Paraguay son los principales puntos cuestionados, no solo por el sector privado, sino por las calificadoras de riesgo.

Calificadoras

Al respecto, las tres agencias del mundo y que califican a Paraguay, Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investor Services (Moody’s) y Fitch Ratings (Fitch) consideran indicadores específicos. Entre ellos, el riesgo económico, de efectividad institucional y de gobierno, así como el riesgo del sistema financiero y de cultura de pago/ejercicio de la ley.

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A su vez, la medición del riesgo político contempla el funcionamiento efectivo institucional del gobierno y considera una serie de factores en su medición tales como: I) Efectividad, estabilidad y previsibilidad de las instituciones políticas y del diseño de políticas del soberano (el factor principal); II) Transparencia y rendición de cuentas de las instituciones (el factor secundario) y, III) Factores de ajustes potenciales, como la cultura de pago del gobierno y los riesgos de seguridad externa.

El principal obstáculo

Cabe remarcar que las principales calificadoras de riesgo crediticio coinciden en que el principal obstáculo de rating de Paraguay son sus débiles instituciones. De hecho, en su última revisión, Standard & Poor’s había indicado que uno de los principales desafíos para el Paraguay sigue siendo la mejora de su institucionalidad.

Al observar los resultados en el Índice de Competitividad Global 2018, Paraguay refleja que sus dos pilares más fuertes son: la estabilidad macroeconómica y la esperanza de vida. Sin embargo, en los demás pilares se revela el débil desempeño de las instituciones (transparencia, seguridad, entre otros), la infraestructura (transporte y servicios públicos), así como la educación, la capacidad de innovación, entre otros.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es otro organismo que viene resaltando las deficiencias institucionales de Paraguay. En su Artículo IV de marzo pasado, menciona que, si bien los bajos impuestos y los precios de la energía de Paraguay son importantes atractivos para los inversionistas nacionales y extranjeros, estas condiciones se ven contrarrestadas por debilidades en el clima de negocios y la gobernanza. Sugiere políticas enfocadas en mejorar la infraestructura de transporte, el Estado de Derecho y la calidad de la educación.

La Encuesta Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) también mostró el impacto que tienen sobre la actividad económica eventos políticos, como la solicitud de juicio al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hecho presentado hace solo unos meses atrás. El 71% de los encuestados consideraron que sus ventas disminuyeron, producto de la inestabilidad política. El 56% denotó la poca confianza en las instituciones, con la creencia de que el conflicto político sería de lenta resolución.

Los agentes económicos también coincidieron en que el Gobierno debe trabajar en apuntalar la seguridad jurídica. Sugirieron acciones como buscar la estabilidad política, mediante acuerdos, claridad en las políticas públicas implementadas, aplicación y respeto a las leyes, entre otros planes.

Casos de inseguridad jurídica en Paraguay

La organización política en Paraguay se ciñe al estado social de derecho, que contempla el sometimiento, tanto del ciudadano como del Estado al orden jurídico vigente. Para que el sistema funcione y se traduzca a lo que se conoce como seguridad jurídica, los actores deben tener la certeza de los alcances de las reglas de juego, es decir, lo permitido, prohibido, así como las sanciones previstas y, sobre todo, la efectividad de su aplicación en casos de incumplimiento. La impunidad y corrupción no deberían tener cabida alguna porque el costo económico podría ser incalculable.

Falta de previsibilidad

En Paraguay la falta de previsibilidad en el cumplimiento de las normativas existentes se constituye en el principal frente que debe ser revertido de forma inmediata. Esta práctica termina generando incertidumbre en la población, pero principalmente en los agentes económicos con capitales anclados en el país, e incluso en aquellos que proyectan traer sus inversiones.

Al mismo tiempo, la falta de garantías a empresas instaladas en Paraguay es otro componente crítico para la debilidad institucional.

Compañías extranjeras que operan en el país como la primera industria de varillas de acero de material reciclado, inaugurada el año pasado con una inversión que orilla los US$ 60 millones, clama desde hace meses la intervención del Gobierno ante un posible caso de dumping. El ingreso de varillas de hierro y acero sin mayores requerimientos en cuanto a los cupos de importación, propició una competencia desleal o dumping en el país desde 2018. La liberación permite el ingreso de los productos, provenientes tanto de Argentina como de Brasil, a precios por debajo de lo manejado en el mercado local.

La ausencia estatal también se observó en otro hecho ocurrido apenas esta semana. La quema de cables de alta tensión, que proveen de energía eléctrica a las máquinas usadas en el refulado para la Isla San Francisco, en el río Paraguay. El hecho aparentemente fue gestado por un grupo de pescadores, que solicitan la indemnización de US$ 8 millones, por el uso del lugar por parte de la empresa inversionista. En esta zona, se proyecta la construcción de un complejo turístico cuya inversión ronda los US$ 150 millones. Sin embargo, el incidente no contemplado dentro de su plan de inversión, le costará a la empresa alrededor de US$ 30 millones.

Es por ello que las instituciones juegan un rol crucial para las empresas que deciden invertir en un determinado país. Naciones como Finlandia, Singapur, Suiza, Nueva Zelanda, Suecia, lideran el ranking de los 138 países del Informe Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial.

A diferencia de las naciones de alta renta, en los de América de Latina, la debilidad institucional es uno de los principales problemas que enfrentan las economías de la región, añade el referido informe. Solo Uruguay (31), Chile (36), Barbados (44), así como Costa Rica (57) y Panamá (69) figuran entre las naciones con una institucionalidad moderada. Esto, al considerar sus posiciones dentro de los 100 países.

Falta de garantías del Estado

Los casos expuestos no difieren de otros, siendo el común denominador la falta de garantías por parte del Estado para quienes apuestan en el país.

El Banco Mundial en su informe “Paraguay. Notas de políticas - 2018”, además, señala que el reciente impulso de las reformas en Paraguay avanza en la dirección correcta, pero no es suficiente. Menciona, por ejemplo, que el proceso de registro de nuevas empresas es particularmente engorroso y costoso, con un costo promedio de US$ 600 y una demora de 35 días, en comparación con un promedio de 8 días, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Además de revertir este tipo de problemas, aboga por que las autoridades den respuesta a los desafíos destacados en el índice Doing Business del Banco Mundial, donde Paraguay presenta un amplio margen de mejora, por ejemplo, en lo que respecta a la protección de los inversionistas minoritarios (Distancia a la frontera [DF] de 41,67, 100 = puntuación óptima), el cumplimiento de contratos (DF de 59,77), el pago de impuestos (DF de 63,75) y el comercio transfronterizo (DF de 64,03).

Como se mencionaba anteriormente, Paraguay cuenta con un conjunto de condiciones favorables para atraer inversiones. Sin embargo, las deficiencias en el entorno institucional siguen constituyendo el mayor riesgo para las inversiones.

Garantías para la permanencia

En ese sentido, todos los actores públicos y privados deben trabajar no solo en políticas de atracción de capitales sino en políticas de garantías para la permanencia en el país, además de resolver algunas limitaciones vinculadas a los títulos de propiedad, deficiencias en la provisión de servicios básicos como agua y electricidad. La instalación de zonas industriales que ofrezcan todos los servicios físicos, comerciales y tributarios, podrían contribuir a apuntalar el potencial de crecimiento de Paraguay.

En el Paraguay, la falta de previsibilidad en el cumplimiento de las normativas existentes se constituye en el principal frente que debe ser revertido de forma inmediata. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que el 75% de los ciudadanos de la región siente desconfianza de las instituciones públicas.

Todos los actores públicos y privados deben trabajar no solo en políticas de atracción de capitales, sino también en las garantías para la permanencia en el país. Además de resolver limitaciones vinculadas a títulos de propiedad, deficiencias en provisión de servicios básicos: agua y electricidad.

Resultados del Índice de Competitividad Global - 2018 dicen que los dos pilares más fuertes del Paraguay son: la estabilidad macroeconómica y la esperanza de vida. Sin embargo, revela un débil desempeño de las instituciones (transparencia, seguridad, etc), infraestructura (transporte y servicios públicos), educación e innovación, entre otros.

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