Un estudio elaborado por el mismo organismo señala que Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay han entregado más de 6 millones de unidades de vivienda a personas de bajos recursos en los últimos 20 años. Aún así, la política de vivienda social no ha logrado contener el surgimiento de urbanizaciones o conglomerados de viviendas de baja calidad en las afueras de las ciudades, lejos de los centros de trabajo.
El estudio del BID hace hincapié en la extrema deficiencia en materia habitacional. En las áreas urbanas de América Latina y el Caribe (ALC), el 6% de la población no cuenta con una vivienda, frente al 94% que sí habita en una, pero carece de las condiciones básicas de calidad.
De hecho, una importante parte de la población de ALC no cuenta con servicios básicos de agua (9%), saneamiento (15%), y electricidad (4%); y viven hacinados (6%), sobre suelos de tierra (6%) o con paredes y techos pobres (5%).
Estas condiciones podrían agravarse de no implementarse políticas públicas que reduzcan el déficit habitacional existente.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que para 2020, el 82% de la población de América Latina vivirá en urbes. El BID, en estudios recientes revela, además, que los gobiernos requieren alrededor de US$ 310.000 millones, es decir, 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, a fin de que puedan proceder a la construcción de viviendas y reducir el actual déficit habitacional.
El significado socio-cultural de la vivienda en América Latina representa la mayor parte de la riqueza de un hogar de clase media. A diferencia de los países industrializados, donde una parte importante de la misma se encuentra colocada, por ejemplo, en instrumentos financieros.
Además, la propiedad de una vivienda genera un conjunto de externalidades positivas en toda la economía y la sociedad. Para el grupo familiar, crea efectos en la salud como el acceso a servicios públicos, la inserción social mediante la superación de la pobreza y/o situación de vulnerabilidad, el acceso a mejores condiciones de vida, entre otras. Por el lado económico, la inversión en viviendas impacta en el dinamismo económico y en la generación de empleos, lo que a su vez se traduce en producción y consumo.
El acceso a la vivienda como política pública debe ceñirse, según el BID, a que los gobiernos formulen acciones para el sector habitacional, tal como lo hacen para los sectores de salud, educación y empleo.
En esta edición, MF Economía explora, presenta y analiza el déficit habitacional en Paraguay. Además, propone una serie de políticas públicas que podrían contribuir a reducir la importante demanda insatisfecha de viviendas en el país.