La vulnerabilidad del sistema de salud paraguayo, que al inicio del brote en el país solo contaba con cerca de 700 camas de terapia intensiva, de las cuales un importante porcentaje se encontraba ocupado, llevó al gobierno nacional a implementar inicialmente el aislamiento preventivo y luego, decretar la cuarentena y el cierre de fronteras.
El distanciamiento social tiene un alto costo económico, que viene dado por las pérdidas que experimentan las empresas por el cierre parcial o definitivo; las personas a través de la merma en sus ingresos o pérdida del empleo, y el gobierno por la disminución en la recaudación fiscal. Desde hace meses, los emprendimientos soportan una profunda caída en ventas, producto de las medidas de aislamiento social dispuestas para contener la propagación de la enfermedad. Esta inactividad se reflejó en una considerable reducción de los ingresos, los que lógicamente no cubren los costos operativos para el funcionamiento de las empresas.
Considerando que 2019 fue un año de recesión económica, el sector privado recurrió a préstamos para hacer frente al adverso escenario económico de ese periodo y con altas expectativas de recomposición para este año. Sin embargo, el primer caso confirmado de covid-19 en el país reconfiguró las proyecciones. Las estrictas medidas sanitarias impactaron significativamente en los planes de todos los agentes económicos.
Cierre de negocios florecientes
Desde el 12 de marzo -cuando fue dispuesta la cuarentena total- y hasta la fecha, el país ha visto cerrar empresas y negocios florecientes. Aun así, muchas han sobrevivido con una serie de estrategias, lo que a su vez ha contenido, de cierta manera, el índice de desempleo.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) uno de cada seis jóvenes está desempleado en el mundo, lo que puede suponer una “generación perdida” que tendrá dificultades o ninguna posibilidad de ponerse al día. La organización prevé la pérdida de más de 300 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2020, con consecuencias potencialmente dramáticas en cuanto a los niveles de pobreza. El jefe de investigación económica de Saxo Bank, Christopher Dembik, espera “una segunda ola de crisis económica a partir de setiembre”. Vaticina que “se creará una situación de desempleo masivo. Esta será la parte más difícil de la crisis”. Paraguay forma parte de estas proyecciones.
La inconsistencia generada entre los compromisos y la capacidad de generar recursos tiene un límite de resistencia. Las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas han agotado sus alternativas de financiamiento y hoy, muchas de ellas están nuevamente en la disyuntiva de avanzar o cerrar capítulos, tal como ya lo hicieron otras durante la declaración de cuarentena a nivel nacional.
Herramienta financiera del Estado para contener a empresas
La pandemia se ha traducido en incertidumbre. Antes de la misma e incluso en la actualidad, las empresas gozaban de buena salud en los legajos crediticios de entidades financieras. Sin embargo, el incierto escenario ha profundizado la aversión al riesgo de los bancos, financieras y cooperativas. El buen cliente como lo puede ser una empresa dedicada a actividades de servicios en general, se ha convertido en uno muy riesgoso. Por tanto, las tasas de interés de los préstamos aumentan y las entidades financieras son aún más reticentes en otorgar créditos. Con este escenario, el acceso al financiamiento se ha vuelto complicado y las posibilidades de enfrentar la crisis para miles de empresas, sin distinción de categorías, se achican.
Con el objetivo de resguardar, de cierta manera, a algunos sectores económicos del país, a finales de marzo, fue aprobada la Ley de Emergencia Económica. En la normativa, se contemplaba, entre otros puntos, el fortalecimiento del Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy). Un instrumento financiero vigente desde el 2016 y creado para generar el concepto de adicionalidad (acceso a créditos o a más créditos). La vigencia de este instrumento reduce el riesgo que representa para las entidades financieras prestar recursos a segmentos considerados de alto riesgo y más aún en momentos de crisis. Sin embargo, el Fogapy no había sido siquiera mínimamente explotada a años de su vigencia. De hecho, autoridades del Fogapy señalaron que antes de la pandemia el fondo había dado cobertura a aproximadamente 40 créditos, con unos escasos recursos disponibles llegaban a los US$ 8 millones.
Fase de fortalecimiento
Con la Ley de Emergencia Económica, el instrumento entró en la fase de fortalecimiento para un mayor alcance y cobertura, con una inyección de alrededor de G. 650.000 millones, unos US$ 100 millones. De esta manera se elevó considerablemente el nivel de apalancamiento de préstamos por unos US$ 540 millones a favor de unas 90.000 mipymes del país. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), hasta finales de febrero 2020, existían unos 91.101 contribuyentes con personería jurídica, incluyendo a empresas de todo tipo. De este número se desprenden 86.945 pequeñas empresas, 3.420 medianas y 736 grandes. En estos datos no figuran las personas físicas que podrían ser microempresarios, debido a que la información no está disponible en la página web de la SET.
Desde la reglamentación en abril hasta la fecha (23 de junio), el Fogapy emitió unas 7.758 garantías. El 52% benefició a microempresas, el 33% a pequeñas, el 11% a medianas y un restante 4% a empresas intermedias. Mientras que el monto de las garantías de G. 694 mil millones se canalizaron de la siguiente manera: 24% a micro, 39% a pequeñas, 25% a medianas y 12% a intermedias. En cuanto a la distribución geográfica de las mismas, Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú figuran como las principales localidades que absorbieron el 79% de los avales emitidos. Con estas garantías las entidades financieras ofrecieron créditos por G. 961.000 millones a empresas generadoras de 40.817 empleos.
Como se observa, el acceso a los créditos a través del Fogapy no llega a los niveles esperados, teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento de los sectores económicos. De acuerdo con los gremios de mipymes, la concesión de los préstamos choca con varias barreras. Los inconvenientes van desde la pesada burocracia, el alto nivel de endeudamiento así como la informalidad de las mipymes. En ese sentido, el requisito para el acceso al producto financiero es que los potenciales beneficiarios estén inscriptos como contribuyentes en la SET. De hecho, la esencia oficial del Fogapy es la de un instrumento financiero desarrollado para mejorar el acceso al crédito de las mipymes formalizadas, generadoras de empleo y creadoras de riquezas.
Modificación del Fogapy
Con el objetivo de dotar de mayor flexibilidad al instrumento financiero, desde la Cámara de Diputados presentaron una serie de modificaciones que buscaban ampliar la capacidad de acción del Fogapy. Tras semanas de dilaciones, finalmente, en la tarde del miércoles, Diputados sancionó la nueva versión de Fogapy. Con esto, la propuesta normativa vuelve a la Cámara de Senadores para su tratamiento.
En esencia, las modificaciones apuntan a elevar el porcentaje de cobertura del crédito, pasando del 80% al 90% para cada operación crediticia. Además, se amplía la cobertura a otros grupos económicos. De hecho, la propuesta contempla que el fondo podrá garantizar o reafianzar en forma individual las operaciones crediticias de las personas físicas y jurídicas prestadores de servicios y domiciliadas en el país. Así como avalar a los grupos o conjuntos de carteras de créditos de sectores específicos. La inclusión de otras categorías de empresas se constituye en un punto central, debido a que el impacto de la pandemia no ha diferenciado a categorías económicas. Además, muchas empresas, que actualmente están excluidas del Fogapy, son importantes contribuyentes del fisco y generadoras de mano de obra directa e indirectamente, integrando y, moviendo la cadena de las mipymes. Por tanto, las garantías otorgadas por el Fogapy buscarían también reducir el nivel de riesgo para subsectores y actores que son claves para el proceso de recuperación económica del país.
Ampliación de recursos
El proyecto sancionado por Diputados también contempla una ampliación de los recursos del Fogapy, aumentando la disponibilidad de recursos a US$ 336 millones. La Cámara de Senadores había rechazado el fondeo a través de nuevos préstamos. Propuso utilizar los recursos ya autorizados en la Ley de Emergencia Económica, sin considerar que los mismos ya estaban comprometidos para otros planes y programas. En ese sentido, desde el Ministerio de Hacienda habían señalado que, de prosperar la propuesta del Senado, la ampliación del Fogapy no cumpliría su objetivo. Adelantaron incluso, que utilizar los recursos de la Ley de Emergencia Económica para el Fondo, obligaría al Estado a recurrir a una nueva emisión de bonos de aproximadamente US$ 200 millones para financiar el Plan de Reactivación Económica, ya que parte de esos recursos iban a ser redireccionados del fondo de emergencia.
El proceso dilatorio robó tiempo y oportunidades a miles de empresas que aguardan acceder a préstamos blandos (tasas y plazos flexibles) para seguir resistiendo en medio de la crisis y salvaguardar el empleo de miles de personas. El resguardo de los puestos de trabajo, permite mantener los ingresos de las familias y a su vez, empujar el consumo. La urgencia de los sectores económicos, lamentablemente no ha sido comprendida en su magnitud en esferas del Congreso Nacional. Salvar a las empresas es salvar empleos, debería convertirse en la consigna en estos momentos cuando el país necesita de responsabilidad, dosis de empatía y, sobre todo, una mirada visionaria que garantice el desarrollo y crecimiento del país.
Masivo
Vaticinan segunda ola de crisis económica a partir de setiembre y se creará una situación de desempleo masivo. Esta será la parte más difícil de la crisis.
Paro
Según la OIT, 1 de cada 6 jóvenes está desempleado en el mundo, lo que puede suponer una “generación perdida” que tendrá dificultades.
Medidas
Las medidas sanitarias implementadas en el país al inicio de la pandemia impactaron significativamente en los planes de todos los agentes económicos.
Fogapy
Fogapy es instrumento financiero vigente desde 2016 y fue creado para generar el concepto de adicionalidad, acceso a créditos o a más préstamos.
Riesgo
La vigencia del Fogapy reduce el riesgo que representa para las entidades financieras prestar recursos a los segmentos considerados de riesgo.