Un análisis más profundo sobre la transparencia.
En este difícil oficio de opinar públicamente aparecen algunos desafíos, uno de ellos es saber diferenciar a los informantes de los delatores. Los informantes, normalmente, son denunciantes altruistas que están hastiados de ver tanta corrupción, pero que al no sentirse con la capacidad de relatarlos en forma sucinta en algún medio o no tener garantías en su denuncia ante nuestra justicia, sencillamente los pasan a otros portavoces.
En países como el nuestro, los informantes están amenazados en su seguridad laboral, personal y familiar, por ello lo canalizan a través de periodistas reconocidos o personas con suficiente moral pública. Es difícil denunciar porque también existe otra cuestión espiritual: ninguno estamos en condiciones de “lanzar la primera piedra”.
Los delatores, sin embargo, son personas que luego de estar envueltos en algún delito, infracción laboral o de perder privilegios por cambios políticos, se “vengan” del sistema pasando las informaciones. Las revelaciones, una vez publicadas, afectan a los que recortaron sus privilegios. Estos son los más peligrosos, puesto que sus informaciones se basan en el desquite o la venganza. Carecen de principios, valores y están focalizadas, o muchas veces, tergiversadas. De cualquier manera, ambas son útiles si previamente se las filtra y confirma.
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En Itaipú conocí a ambos grupos; es fácil diferenciarlos. Cuando te traen informaciones dirigidas contra algún director o alto gerente debes revisar si el delator no perdió algún privilegio, cargo, alguna dádiva salarial, como horas extras, viáticos, peligrosidad, diferencia regional, etc. En cualquiera de los casos se debe tamizar la información para no perjudicar a personas inocentes o crear más injusticias de las que el delator pretende denunciar.
El delator fue usado ampliamente en la historia. Un caso bien conocido es el de Lucky Lucciano, mafioso norteamericano considerado el padre del crimen organizado de los años 20. Luego del auge de su vida criminal y ya en prisión, un gobernador de la época decide hacer un pacto para combatir a la poderosa “Cosa NBostra”. El acuerdo era sencillo, Luciano proveería informaciones sobre nombres y métodos de la mafia y, a cambio, el gobierno atenuaría su castigo.
Durante el efímero gobierno de la oposición, del 2008 al 2013, como era de esperar en Itaipú, los delatores se dividieron en tres grupos: los llamados “luchadores sociales”, agrupados en sindicatos, buscaron sus propios caminos políticos, algunos colgados de la sotana, otros del saco de la ANR, y los más astutos, rastreando detrás de los tres grupos de poder de entonces, incluyendo el PLRA. Ninguno de ellos hoy tiene credibilidad. Algunos se volvieron burócratas, otros sedentarios gerentes de tercera línea. Los trabajadores de Itaipú notaron que muchos sindicalistas y representantes laborales eran simples delatores oportunistas.
Algunos de estos mercenarios hasta ocuparon páginas económicas privilegiadas. Hoy sabemos que fueron sus medios y no sus fines. La secuencia es casi siempre la misma: chantaje mediante delaciones, artículos o amenaza de huelga; el pago viene por añadidura, logro de algún cargo gerencial y, finalmente, su silencio cómplice. Algunos sindicalistas se volvieron empresarios del transporte, abogados y prósperos ganaderos. En fin, no creo que sus conciencias los dejen gozar libremente del producto de sus delaciones y sus orgías con el sistema.
A pesar de todas las denuncias, los reclamos históricos de Itaipú siguen agrupándose en seis puntos que el lector de esta columna ya los sabe de memoria: venta de nuestros excedentes energéticos a precio justo o de mercado, construcción de la exclusa de navegación, libre disponibilidad, paridad y cogestión plena, transparencia y revisión de la deuda. Sin embargo, la pérdida de nuestra soberanía traducida en estos seis puntos ha permanecido intacta, o peor, disfrazada de figuras congraciadas con el pueblo, como la “responsabilidad socioambiental”, más conocida actualmente como los “gastos sociales”. Esta erogación extraída del costo operativo ha aumentado considerablemente en la medida en que nos acercamos al 2023, año de la revisión del Tratado, y no solo del Anexo C. Vayan algunos intentos solapados y astutos por parte de nuestro socio condómino, de restar nuestra soberanía energética en Itaipú:
1. Los “gastos sociales”, que ya recibieron un amplio debate jurídico, ético y administrativo en nuestro país. El mismo es “legal” para algunos, ilegal para muchos. Solo sabemos que estos gastos no formaban parte del acuerdo original, pero que fueron forzados mediante Nota Reversal, a conformar el cuerpo principal. Además, el hecho de no pasar por la aprobación y control del Congreso, como debería recibir cualquier tratado internacional, lo deja bajo un manto de dudas. Recordemos que para la famosa triplicación de nuestra “cesión”, la Nota Reversal en cuestión tuvo que pasar por un duro debate y final aprobación por parte del Congreso brasileño.
2. El interés de empresas brasileñas en construir pequeñas centrales hidroeléctricas hasta 1.000 MW en Paraguay y llevar ese equivalente de la Itaipú. Lo malo está en modificar el medio ambiente nacional para generar energía de consumo interno, de manera a que los brasileños continúen llevando energía barata, segura y limpia de Itaipú.
3. La fabricación de hidrógeno, también con la “energía excedente de Itaipú”. Fue hace unos años, con la intención del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), de justificar su forzada existencia. Con esta obsesión estuvieron a punto de firmar un convenio con una universidad italiana mediante el cual se “invertirían” millones de dólares solo en el proyecto ejecutivo; la alarma, esta vez fue accionada por los brasileños. El dilema estaba en que ese proyecto ejecutivo ya había sido elaborado por la margen izquierda contemplando la localía de la industria para la margen izquierda. Solo debió traducirse al castellano y construir la planta en Paraguay. Ahí quedó varado en algún cajón geopolítico ¿Dónde iría el producto final obtenido (hidrógeno): también al Brasil.
4. Proyecto Green Silicom. Una intención brasileña de combinar el silicio de la margen izquierda con la energía paraguaya. La pretensión era “desplazar el mercado de paneles solares, hoy copado por los chinos” y producir en grandes cantidades. ¿Dónde, cómo, y a qué precios se vendería esa plusvalía de nuestra energía? Obviamente al Brasil que devora cualquier tipo de energía producida.
Volviendo al tema de introducción, es importante destacar que las persecuciones a los informantes continúa campante. Días pasados recibí la triste noticia de que un gerente de la CAJUBI fue defenestrado del cargo por, supuestamente, proveer informaciones sobre la millonaria indemnización del Ing. José María Sánchez Tillería, ex director técnico de la Itaipú durante cuatro gobiernos paraguayos diferentes y la complacencia del Brasil. Dicho monto sideral, más del millón de dólares, sumado a sus dos emolumentos jubilatorios, de CAJUBI y de IPS, y a su pésima actuación durante la famosa acta secreta del 24 de mayo del 2019, causaron un revuelo social tan desagradable como el acto entreguista del acta mencionada.
El estigma del “informante infiel” debería ser reemplazado por una nueva figura empresarial, la del altruista empresarial y, consecuentemente, premiarlo en público. Una medalla en actos protocolares y un sobresueldo en su sobre, nos daría la señal del verdadero cambio. En resumen, denunciar es un hecho moral y éticamente sano. Faltaría darle un viso legal al estilo de las “delaciones premiadas” en Brasil, Argentina y los EE.UU. Se debería demoler el concepto de las “informaciones confidenciales”, que solo beneficiaron a algunos grupos empresariales y políticos como los “barones de Itaipú”.
Ya poseemos más informaciones sobre las millonarias indemnizaciones que están ocurriendo en Itaipú en tiempos de pandemia; sería bueno que el presidente ausentista “curitibano” de la CAJUBI, el Ing. Carlos Santacruz, deje de abrir sumarios y perseguir a inocentes. Es bueno que sepa que a veces los informantes son los propios directores generales y de áreas de la entidad. Particularmente yo recibía de varios, además de algunos gerentes y sindicalistas, pero, aún en total disidencia con ellos, jamás los delataría.
(*) Exasesor del director general de Itaipú, de 2008 al 2012.