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Con respecto a nuestro país, no debe dejar de considerarse los potenciales efectos negativos de algunos factores presentes en nuestra realidad actual y que pueden ofrecer a la contraparte oportunidades y ventajas que, sin duda alguna, serán aprovechadas en detrimento de nuestros intereses.
Constituye un deber moral de todo ciudadano paraguayo tomar previamente conocimiento de las condiciones internas existentes en nuestro país para posteriormente exigir a las autoridades nacionales la supresión o anulación de aquellos factores negativos que pudieran afectar nuestra capacidad de negociación, que requiere ser empleada en toda su plenitud a fin de lograr resultados satisfactorios para nuestro pueblo y que, se supone sean los mismos previstos y deseados por nuestras autoridades.
En sus diversas formas de expresión, la prensa paraguaya ha venido difundiendo profusamente, a través de interesantes y variadas entrevistas, las observaciones, análisis y opiniones de calificados profesionales de diferentes especialidades sobre los aspectos más relevantes de nuestra realidad nacional, mencionando algunos hechos y peculiaridades que, considerados en su conjunto, permiten percibir los perfiles de una preocupante crisis social y política en que se encuentra inmersa nuestra sociedad.
Entre tales hechos resaltan la desatención de los sectores más carenciados y vulnerables de la población, del sector rural en su núcleo mayoritario y desprotegido de los compatriotas del campo, el aumento de las desigualdades, la ostentación y despilfarro del dinero público por parte de la dirigencia política en detrimento del urgente auxilio presupuestario que requieren otros órganos de servicio público, las elevadas deudas contraídas por el gobierno por préstamos concedidos por organismos financieros internacionales, la injusta distribución de la riqueza, el incremento de los hechos delictuosos, la corrupción sistémica que permea todos los niveles de la sociedad sostenida por una odiosa y criminal impunidad, las arbitrariedades de muchas autoridades, tanto municipales y departamentales como nacionales y judiciales, la ineficaz y corrupta administración de justicia, los fraudes y estafas contra el Estado, la precarización de los servicios e incrementos en sus costos, la pérdida del poder adquisitivo del salario, las violaciones de los derechos laborales, la criminal contaminación de nuestros recursos hídricos, los elevados niveles de evasión tributaria causantes de una irritante e intolerable situación de inequidad, entre otras cuestiones.
El gran esfuerzo desplegado, tanto por la población como por el abnegado personal de salud, para contrarrestar los efectos de la pandemia del covid-19, con potencial proyección de catástrofe, que actualmente viene a sumarse a este escenario ya de por sí crítico, es permanentemente saboteado por el accionar criminal de personas corruptas a cargo de seudoempresas con importantes, ventajosas y lucrativas conexiones en el campo político, que les asegura informaciones privilegiadas, licitaciones amañadas con adjudicaciones aseguradas, exorbitantes ganancias, en su mayor parte productos de estafas contra el Estado y una cómoda pero irritante y criminal impunidad, a costa de la salud y de la vida de la población en general.
“Centro de gravedad” de la problemática nacional
Uno de los mayores problemas generadores de la inseguridad en el país lo constituye el fenómeno de la corrupción, sustentada en la impunidad. Esta corrupción es sistémica e involucra, en grados diversos, a amplios sectores del Estado y de la sociedad, siendo el narcotráfico una importante expresión de ella, aunque no única.
El gran poder económico del narcotráfico permite a los grupos criminales contar con decisivas influencias en los diversos campos del quehacer nacional, particularmente en el político. Esto incluye a los partidos y a la dirigencia política, como también al ámbito judicial, legislativo y de la seguridad.
La corrupción en nuestro país se ha convertido en un verdadero “nudo gordiano nacional”, que no solo paraliza nuestro desarrollo poniendo en riesgo nuestro futuro como país, sino también, desde la perspectiva de la seguridad, origina situaciones riesgosas, potencialmente comprometedoras para nuestro Estado-nación. No estaríamos errados si considerásemos el binomio “corrupción-impunidad” como el “centro de gravedad” de la problemática nacional que demora, cuando no impide, la ejecución de muchos de los planes y proyectos requeridos para nuestro país, postergando nuestro imprescindible e imperioso desarrollo que es, a su vez, condición sine qua non para nuestra supervivencia.
Desafortunadamente, la solución que diera Alejandro Magno al “nudo gordiano” está muy lejos de los paraguayos, pues, la “espada de la justicia”, que constitucional y legalmente correspondería para estos casos, se encuentra imposibilitada, sea por desidia, cobardía o corrupción.
La corrupción sistémica y la impunidad imperante, agravada por la incursión del narcotráfico en actividades políticas, y los alevosos asesinatos ejecutados por el crimen organizado, “para dirimir diferencias políticas” y eliminar competidores, está ocasionando un grave daño al país, particularmente, en el ámbito internacional donde comienza a considerársele como un potencial narco-estado, con todas las implicancias negativas que conlleva, vulnerando tanto nuestro desarrollo como nuestra soberanía y seguridad nacional.
Sobre la administración de justicia, el analista político Marcos Pérez Talia señala: “Existe un consenso generalizado de que la justicia paraguaya es de las peores de América Latina. El reciente informe de Freedom House 2020 fue lapidario al señalar que “el Poder Judicial paraguayo ha sido cooptado por los lavadores de dinero, narcotraficantes y políticos corruptos, en donde las personas con influencia o acceso al dinero obtienen un trato favorable en el sistema judicial”. Y en la siguiente frase, manifiesta una preocupación que permite advertir la perversidad, doblez y descaro con que la dirigencia política trata las cuestiones fundamentales de nuestra República: “(…) quienes promueven las posibles reformas generan cierto temor. ¿Los mismos grupos políticos y económicos que llevaron a la Justicia a este nivel calamitoso son quienes hoy promueven su reforma? Ellos, en principio, estarían muy cómodos con este statu quo. Y es allí donde aparecen los riesgos y temores”. (UH – 17/Enero/2021)
Los últimos escandalosos casos de corrupción ocurridos en el país resultaron muy ilustrativos para poner en evidencia la perversa instrumentación de nuestra política nacional empleada como medio para favorecer intereses particulares y personales, soslayando los fines constitucionales y legales de su creación y elaboración. De esta manera se operó, con rubros del Presupuesto del Estado, la utilización de nuestra política exterior (caso PDVSA), de nuestra política nacional de salud pública (caso Imedic) y de nuestra política nacional de obras públicas (caso Engineering S.A. de Campos Cervera) como eficaz medio para la obtención, de manera privilegiada pero ilegal, de ganancias lucrativas ilegales para la parentela del Ejecutivo nacional y sus amigos, en detrimento de los intereses del país y del bienestar de su población.
El contundente comunicado del partido Patria Querida (PQ) al término del año 2020 sobre el desempeño del Ejecutivo nacional no deja lugar a dudas, confirmando que las autoridades en el gobierno de Mario Abdo Benítez “sí, robaron y saquearon las arcas públicas en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente del país”; y que “la justicia sigue en manos de una cúpula blanqueadora de delincuentes”, calificando al gobierno actual como un “ejemplo de las contradicciones”. (ABC, 2/enero/2021).
La situación descrita lleva a pensar que el tan ansiado como requerido desarrollo nacional está aún lejos de concretarse. Sobre el tema, en opinión del economista Manuel Caballero, ex viceministro de Economía, “podemos tener los mejores planes de desarrollo económico, pero si no atacamos nuestras debilidades institucionales, no vamos a poder llevar a la práctica”. (UH – 18/enero/2021)
En lo referente a la seguridad interna del país, las autorizadas palabras de su principal responsable, el actual ministro del Interior, son muy elocuentes al manifestar que “no se puede pensar en una nueva república teniendo falencias y conflictos como, por ejemplo, la presencia del crimen organizado, que cada día cobra mayor fuerza en las zonas fronterizas y que incluso cuenta con apetito político”(…)”La república supone soberanía, pero cómo se tendrá si el PCC cada vez más se hace cargo de la frontera de una manera criminal, matándose entre ellos. El Estado no puede resolver esto porque no tiene recursos tecnológicos para que desaparezcan, tienen mucho dinero, poco escrúpulos y además apetito político”, dijo. (La Nación-30/nov/2020).
Las promesas y advertencias expresadas por las principales autoridades nacionales en sus histriónicas manifestaciones, con intenciones de convencer de su voluntad de enviar a la justicia a los sindicados de graves hechos de corrupción, solo han servido para poner en evidencia la insana y contraproducente disociación entre el discurso y la acción de una dirigencia política envilecida, inoperante, mezquina y de incontrolable avaricia, que proyecta una imagen deplorable y nociva de país poco serio, gobierno corrupto y Estado en proceso de constituirse en fallido.
Jenaro Villamil, politólogo de la UNAM, define la cleptocracia como “la institucionalización del robo a costa de una constante simulación de legalidad. La corrupción, en la cleptocracia, no es la excepción sino la regla, y no es una práctica ajena a la institucionalidad, sino el hecho que explica su funcionamiento. Es un cáncer que ha hecho metástasis sobre todo el cuerpo institucional, al grado de que es prácticamente imposible contar con anticuerpos judiciales, fiscales autónomos, mecanismos de rendición de cuentas reales, no simulados”. Cita al politólogo italiano Gianfranco Pasquino destacando un punto fundamental: la corrupción se vuelve disfuncional cuando hay “elementos externos al sistema político nacional, como es el caso del colonialismo o neocolonialismo”. “Una cleptocracia se instala cuando se destruyen los cimientos institucionales y coincide con un proceso de captura del Estado (no sólo del gobierno, de algunos sectores políticos o de instituciones aisladas, sino de todo el Estado) por parte de las élites que se sienten doblemente amenazadas si las desplazan del poder. (Jenaro Villamil: Cleptocracia. El nuevo modelo de la corrupción)
Conforme al concepto de Villamil, todas estas características se dan en la actual situación interna de nuestro país, lo que nos lleva a concluir que el gobierno nacional constituye una “cleptocracia”, en la amplia dimensión del término.
Como se puede apreciar, la situación crítica del país, con su normalidad institucional parcialmente afectada origina un ambiente de incertidumbre y confusión, bastante alejada y contrapuesta a las condiciones ideales que requiere la discusión serena y reflexiva de los asuntos que marcarán el futuro de nuestro país.
En el contexto interno la corrupción e ineficacia en la administración del Estado, la ineptitud de un sector importante de la conducción política, su complicidad en hechos delictuosos y su carencia de autoridad moral, han debilitado nuestras instituciones, “degradado la calidad de vida de nuestra población” y, lo que es grave y preocupante, ha deteriorado y menoscabado nuestra capacidad de maniobra para la aplicación de las estrategias que se requieren en esta negociación para el logro de resultados convenientes a nuestro país, potenciando al mismo tiempo la posibilidad de utilización de sobornos y chantajes internacionales contra nuestros intereses patrios.
Deber
Constituye un deber moral de todo ciudadano paraguayo tomar previamente conocimiento de las condiciones internas existentes en el país.
Gordiano
La corrupción se convirtió en un “nudo gordiano nacional” que paraliza nuestro desarrollo y pone en riesgo nuestro futuro como país.
Imposible
La “espada de la justicia”, que constitucionalmente correspondería..., está imposibilitada, sea por desidia, cobardía o corrupción.
Débiles
En el contexto interno, la corrupción, ineficacia en la administración del Estado y la ineptitud de la conducción política han debilitado a nuestras instituciones.
(*) Exministro de Defensa
Siguiente entrega: Consideraciones finales.