El seguro de responsabilidad civil no crea la obligación de reparar, sino que garantiza su cumplimiento. Su función esencial consiste en trasladar las consecuencias económicas del daño desde el patrimonio del responsable hacia el patrimonio del asegurador, dentro de los límites contractualmente establecidos en la póliza de seguros. Este mecanismo cumple una función social de extraordinaria importancia, ya que permite asegurar la efectividad del principio de reparación integral incluso cuando el responsable carece de solvencia suficiente. Desde esta perspectiva, el seguro de responsabilidad civil puede ser entendido como un instrumento de realización indirecta del principio de reparación integral. No sustituye la responsabilidad del autor del daño, pero asegura su eficacia práctica. El seguro introduce, además, un elemento de previsibilidad en el sistema resarcitorio al haber una cobertura que permite anticipar la disponibilidad de recursos destinados a la reparación de manera urgente, reduciendo la incertidumbre y fortaleciendo la protección de la víctima. Así, la función económica del seguro se transforma en una función jurídica y a su vez social, garantizando la efectividad de los derechos del tercero, víctima del daño.
Ahora bien, a diferencia de la responsabilidad civil, que tiene como objetivo la reparación plena del daño, el seguro se rige por el principio de delimitación del riesgo. El asegurador solo responde dentro de los límites establecidos en la póliza. Esta delimitación se manifiesta en diversos aspectos, tales como: El límite máximo de cobertura o suma asegurada máxima; las exclusiones contractuales típicas como ser la culpa grave del asegurado; el ámbito temporal de la cobertura y la naturaleza de los riesgos cubiertos. Estos límites no contradicen el principio de reparación integral, sino que reflejan la naturaleza contractual del seguro donde la cobertura tiene equivalencia a la prima pagada por el asegurado. A más prima, mayor cobertura. Esto dependerá exclusivamente de la voluntad del asegurado y de aceptación del asegurador, principios consagrados en la autonomía de la voluntad de las partes en cualquier tipo de contrato.
Pero la obligación de reparar y la obligación del asegurador son jurídicamente distintas, aunque funcionalmente complementarias. La obligación del responsable nace del hecho dañoso y tiene como fundamento el principio de no dañar. La obligación del asegurador nace del contrato o póliza de seguros y tiene como fundamento la asunción del riesgo.
Esta distinción implica que el asegurador no responde en todos los casos en que exista responsabilidad civil, sino únicamente cuando el daño se encuentra dentro del riesgo cubierto. Esta es la diferencia con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) existentes en otros países –y no en el nuestro– que amplía todos los límites del contrato e incluso elimina exclusiones en favor de las víctimas, lo que lo hace muy efectivo en lo que se refiere a la reparación del daño al tercero.
El principio de la reparación integral se constituye entonces en un criterio relevante en la interpretación del contrato de seguro. Cuando existen dudas sobre el alcance de la cobertura, la interpretación debe orientarse hacia la realización de la finalidad protectoria del seguro “al patrimonio del asegurado”. Esto no implica ignorar los límites contractuales, sino interpretarlos de manera razonable y coherente con la función económica y a su vez social del seguro. El contrato de seguro debe ser interpretado como un instrumento destinado a garantizar la indemnidad patrimonial frente a los riesgos cubiertos. La interpretación no puede desnaturalizar esta finalidad. Así, la relación entre reparación integral y seguro refleja el equilibrio entre la protección de la víctima y la naturaleza contractual del seguro que busca no solo a proteger el patrimonio del asegurado, sino también a garantizar la reparación efectiva de los daños.
Garantiza la efectividad
Si la responsabilidad civil define el deber jurídico de reparar el daño causado, el seguro de responsabilidad civil garantiza efectividad de esa reparación.
(*) Abogado