El desafío de atacar las estructuras criminales

El Ministerio Público tiene la difícil y hasta imposible tarea de investigar a las organizaciones criminales que legalizan el dinero procedente de negocios delictivos con la creación de la unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

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Luego de varios años, finalmente la Fiscalía decidió crear la unidad especial de lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. De haberse creado años antes, esta nueva unidad hubiese sido importante en la destrucción de varias organizaciones criminales, sin embargo por alguna razón, se creó recién este año.

Al respecto conversamos con el fiscal adjunto de Delitos Económicos Federico Espinoza, quien tendrá a su cargo dicha unidad que hasta el momento sólo tiene un fiscal, Hernán Galeano. Además aún falta definir la competencia territorial de dicha unidad, si será a nivel nacional o sólo de la capital.

Espinoza indicó que oficialmente la nueva unidad comenzará a funcionar el próximo lunes 6 de abril. Los tres ejes en los que basará su trabajo serán: la detección de este tipo de delitos, la recuperación de los activos, y el desaliento y desestructuración de organizaciones criminales.

El representante del Ministerio Público explicó que dichos activos ilícitos pueden venir de la Corrupción Pública, Narcotráfico, Trata de Personas; además de una gran cantidad de delitos subyacentes. “Pero la novedad con el artículo 196 sobre Lavado de Dinero es que ya no habrá necesidad de que exista una sentencia firme del delito base o del delito del cual proviene este ilícito, si no que ahora si el fiscal detecta que ese activo proviene de un origen ilícito podrá iniciar la investigación”, acotó.

Como ejemplo mencionó la entrega de dinero por un secuestro. Esos billetes normalmente son enumerados y fotocopiados, el uso de ese dinero es lavado de dinero, al igual que el ocultamiento al no declarar todo lo que uno tiene y al comprar bienes con dinero ilícito.

Al ser consultado sobre cómo será comprobado el origen ilícito del dinero, el agente mencionó que en materia penal rige lo que se llama la libertad probatoria. “Se utilizan todos los medios de pruebas para detectar un hecho punible y en el caso de lavado de dinero, si hay indicios que te puedan conducir a esa certeza, ejemplo un narcotraficante no tiene una actividad lícita conocida; sin embargo, tiene una estancia y la única actividad que se le conoce es el narcotráfico, eso es ocultar el dinero ilícito, ya que dentro de sus actividades lícitas no tiene la posibilidad de adquirir ese tipo de cosas, eso es lavado”, menciona Espinoza.

Para que la investigación llegue a buen puerto, también dependerá de la creatividad del fiscal a los efectos de ir construyendo, ya que si no tiene prueba directa - como en el caso de billetes marcados - puede construir alguna teoría a partir de los indicios.

Por ejemplo, “si una persona fue descubierta con una importante cantidad de droga se hace una investigación patrimonial de él, cuya actividad lícita no se conoce. Sin embargo, él tiene varios bienes que no coinciden con los ingresos lícitos y tampoco ha recibo por herencia, a partir de ahí se hace la investigación patrimonial y si se detecta que esos bienes vienen de origen ilícito, entonces se lo puede investigar por lavado de dinero, que tiene como pena máxima cinco años de cárcel”.

“Ya no nos vamos a detener a investigar solamente el hecho, sino también vamos a realizar una investigación patrimonial, luego busca recuperar esos activos y desestructurar una organización criminal, lo que se hará es cortarle las alas a dichas organizaciones”, acotó.

- Si un narco es condenado y no se le hace una investigación patrimonial, puede seguir operando desde la prisión y además si él no puede operar y tiene logística, esa estructura se mantiene intacta, ya que al hombre se le puede sustituir. Pero sin embargo sin los bienes, se hará mucho más difícil seguir operando ya que es difícil de sustituir la falta de dicha estructura.

- En una banda que integran 10 personas, si la cabeza cae y va a adentro y no se ataca los activos, los nueve que quedan fuera pueden seguir trabajando debido a que siguen contando con la estructura. Si eso se ataca patrimonialmente, no tendrían las mismas facilidades de continuar trabajando.

- Un extranjero tranquilamente puede desplegar una actividad ilícita en su país y toda sus ganancias invertir aquí en el Paraguay comprando estancias, departamentos. Independientemente del proceso penal que lleva en su país, las autoridades paraguayas podrán investigarlo por Lavado de Dinero.

Para que el trabajo sea exitoso, indica el fiscal Espinoza, “debemos trabajar muy de cerca con la gente de Seprelad, el Banco Central del Paraguay, Aduanas y la Senad. Es grande el desafío y sobre todo muy interesante para el país”.

Consultado si la ley de Financiamiento Político ayudaría a dicha unidad el agente indicó que ahora mismo se está hablando de una reforma legislativa referente a este tema en particular. Además de la del Financiamiento Político, tenemos también la Ley de Extinción de Dominio, todas esas leyes a nosotros nos ayudarán muchísimo a los efectos de la investigación de este tipo de hechos, acotó.

El fiscal Aldo Cantero había imputado por lavado de dinero al excomisario Hermes García Balmaceda y a su concubina, Lelys Penayo. Ambos ya habían sido condenados por enriquecimiento ilícito a 12 y 5 años y medio de cárcel, respectivamente.

Según el agente, la conducta de los señores Hermes García Balmaceda y Lelys Penayo, se encuadrarían en un presunto Lavado de Dinero, ya que según la documentación e información obtenida a través del Banco Nacional de Fomento y la que se desprende de la anterior investigación fiscal por Enriquecimiento Ilícito, así como de su consecuente sentencia definitiva, “Hermes García tuvo la intención de ocultar en sus cuentas bancarias dinero proveniente de una compraventa realizada de un inmueble que hizo figurar como de su concubina la señora Lelys Penayo, ya que el mismo no tenía la posibilidad de justificar la compra del mismo con lo percibido como funcionario público. Asimismo, la señora Lelys Penayo en connivencia con el señor Hermes García Balmaceda llamativa realizaron la venta del inmueble con la intención de evitar un muy posible comiso especial que pudiera derivar del proceso penal por enriquecimiento ilícito”.

El Basel Institute on Governance es un ente multidisciplinario no gubernamental e independiente con sede en Suiza, especializado en prevención de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además trabaja en la promoción de políticas de buen gobierno. Anualmente realiza un ranking entre 162 países, según el grado de vulnerabilidad de su infraestructura jurídica e institucional frente al blanqueo de activos ilícitos.

El país más vulnerable del mundo es Irán, que recibió una calificación 8,56 en la edición 2014 del ranking. Las calificaciones van de 0 a 10, siendo 10 el nivel de vulnerabilidad más alto.

Ese resultado se obtuvo luego de promediar 14 indicadores que miden, entre otras cosas, la independencia y eficiencia de los organismos de control y del sistema judicial, los niveles de corrupción, los recursos con los que cuentan los entes que supervisan el sistema financiero y la transparencia de las instituciones públicas.

En segundo y tercer lugar quedaron Afganistán, con 8,53, y Camboya, con 8,39. Junto a Tayikistán (8,34), Irak (8,22) y Myanmar (7,89), son seis los países asiáticos que están entre los diez con mayores riesgos. El top 10 se completa con cuatro países africanos: Guinea-Bissau (8,25), Mali (8,06), Suazilandia (7,92) y Mozambique (7,92).

Sólo Finlandia y Estonia califican como países de bajo riesgo, al no superar el umbral de 3,3. El tercero menos vulnerable es Eslovenia, con 3,38, y el cuarto es Lituania, con 3,64. Luego se encuentran Bulgaria (3,83), Nueva Zelanda (3,83), Bélgica (3,91), Polonia (3,95), Malta (3,97) y Jamaica (3,98), el único representante de las Américas.

Sólo dos latinoamericanos están entre los 20 mejor protegidos contra el lavado de dinero: Chile, con 4,07, y Perú, con 4,42. También están relativamente bien posicionados Colombia (4,61) y El Salvador (4,86). Por el contrario, Paraguay y Haití están entre los 20 más vulnerables, con 7,59 y 7,41 cada uno.

Y entre los 40 se encuentran Bolivia (7,32), Panamá (7,16) y Argentina (6,71).

Si se considera el lavado de dinero exclusivamente a través de canales bancarios, la situación es aún más preocupante para la región. “Se advierte que entre los diez países con mayor difusión, seis son de América Latina: Argentina (6,86), Colombia (6,57), Haití (6,43), Paraguay (6,43), Nicaragua (6,29) y Bolivia (6). El país de la región que muestra la mejor clasificación es Chile (3), que ocupa el lugar 67 entre 80 países”, cuenta José de Jesús González Rodríguez, investigador de la Dirección de Desarrollo Regional del CESOP, México, en diálogo con Infobae.

“En el caso del lavado de dinero a través de canales no bancarios -continúa- se observa un patrón similar, aunque la extensión a través de estos canales es mayor. De los diez países en esta categoría, siete son latinoamericanos: Colombia (8), Haití (7,86), Argentina (7,29), Paraguay (7,29), Nicaragua (7,14), Guatemala (7,14) y Bolivia (7). Nuevamente, Chile ocupa el mejor lugar (4), seguido por Uruguay, con 5,14″. (Fuentes: Infobae y El Basel Institute on Governance).

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