La concejala que buscará el rekutu por el movimiento Esperanza Republicana, liderado por el senador Enrique Riera, atribuyó a los querellados los delitos de calumnia, difamación e injuria y pide el pago de una indemnización de G. 500 millones.
Según el escrito de la querella, durante una reunión de concejales con técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre el avance de las obras complementarias del segundo puente con Brasil hubo un entredicho entre los ediles colorados Miguel González y Adolfo Acosta con la edil Fernández. El incidente se produjo el 11 de mayo pasado.
La accionante dijo que cuando los colorados criticaban la supuesta campaña de desinformación de la edil de Cruzada Nacional, la misma inició una transmisión en las redes sociales y habría convocado a sus simpatizantes a escrachar a González y a Acosta.
Tras la finalización de la reunión, Acuña García salió del edificio de la Junta y fue atacado a huevazos por un grupo de manifestantes que protestaba contra el retraso del inicio de las obras complementarias. Mientras que Ocampos Prieto, yerno de la edil Fernández, supuestamente tildó a la concejala colorada de “vendepatria, sinvergüenza, zoquetera, ladrona, perra, bandida”.
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La querellante sostuvo que sufrió un escarnio público y que la filmación del episodio fue ampliamente divulgada en redes sociales. La querella se tramita ante el juzgado de Sentencia, a cargo de Milciades Ovelar.
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Acuña García es una de los miembros de la Junta franqueña más cuestionadas. En 2013 fungió de intendente interina por tres meses y en su gestión se habrían efectivizado millonarios cheques de la Municipalidad sin contraprestación alguna, por lo que había sido imputada por la Fiscalía, aunque luego fue blanqueada.
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La edil de la ANR también tuvo activa participación en despojos de inmuebles municipales; el caso más conocido son las valiosas tierras entregadas al presunto narco Diego Miguel Medina Otazú.