Formosa es, con diferencia, la provincia menos afectada por el coronavirus en Argentina, con 1.428 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

Lo que terminó por minar la paciencia de cientos de formoseños fue el regreso a la fase uno del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) en la capital provincial, decretado el pasado 4 de marzo tras la detección de 17 casos de coronavirus en la ciudad.

La medida, que se extenderá hasta el próximo 18 de marzo, abarca varios tipos de restricciones, como la prohibición de circular sin permiso, la suspensión del transporte interurbano y el cierre de todas las actividades laborales salvo las consideradas esenciales, como la salud o las fuerzas de seguridad.

Como respuesta, cientos de personas salieron a las calles en los últimos días para exigir un “diálogo” con las autoridades provinciales y así poder trabajar, en una provincia con un 42,4% de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

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“Todos los que necesitan trabajar estamos súper mal, ya no podemos vivir con esta situación (...). Lo que estamos pidiendo es trabajar para poder cubrir todas las deudas que estamos teniendo " , relata a Efe Pablo Siddig, integrante de la agrupación Comerciantes Unidos de Formosa.

Desde la irrupción de la pandemia en el país hace un año, esta región fronteriza con Paraguay fue objeto de polémica en reiteradas ocasiones por sus medidas extremas para frenar el avance del coronavirus, que van desde el cierre de las fronteras provinciales durante meses hasta la creación de precarios centros de aislamiento para los enfermos y los casos sospechosos de covid-19.

La dura represión policial marcó la primera jornada de protestas hace una semana, con balas de goma, camiones lanzando agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Tras esa jornada de disturbios, las manifestaciones prosiguieron de forma pacífica durante toda la semana, incluyendo una pequeña protesta el pasado martes frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional.

Defensa del gobernador

En declaraciones al canal televisivo C5N, el presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que el método para encauzar esta situación “no es ni la manifestación violenta ni la represión del Estado”, aunque avaló la decisión de imponer la cuarentena que decretó el gobernador de Formosa, el también peronista Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995, quien defiende sus medidas en pro de la salud y critica el ataque mediático en su contra.

La represión policial también levantó críticas entre las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, cuya directora ejecutiva de Argentina, Mariela Belski, califica de " irrazonables " y " excesivas " las últimas restricciones en la provincia.

“En otras provincias no se han tomado estas medidas tan extremas. Las de Formosa son absolutamente extremas”, asevera Belski.

Aunque esta no es la primera vez que el organismo denuncia las decisiones de las autoridades formoseñas, caracterizadas por la implantación de medidas muy duras para contener la propagación del coronavirus.

El pasado noviembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la provincia que autorizase el ingreso de miles de ciudadanos varados durante meses, una normativa que el máximo tribunal definió como una “restricción de derechos”.

Otra de las disposiciones más polémicas fue la obligación de permanecer en centros de aislamiento a personas con síntomas leves o inexistentes de covid-19, los cuales, en opinión de Amnistía Internacional, presentaban condiciones “absolutamente insalubres”.

“Hay gente que estuvo más de 45 días encerrada sin ningún tipo de justificación”, señala Mariela Belski a propósito de unos lugares que están dejando de usarse para aislar a los pacientes.