En un comunicado de prensa, los letrados denunciaron los juicios militares contra civiles, que contradicen la constitución tunecina, así como los tratados internacionales ratificados, y acusaron a las autoridades de "atentado metódico contra todo espíritu libre y toda voz que se oponga al regreso de una dictadura y a un Estado despótico".
El mandato de arresto, explicó el colectivo, carece de justificación legal puesto que el exdecano se limitó a exigir a las fuerzas de seguridad aplicar correctamente la ley ante un caso de abuso contra su cliente, el exministro de Justicia Noureddine Bhiri, que se encontraba bajo arresto domiciliario desde hacía dos meses por "sospechas de terrorismo" y que fue puesto en libertad este lunes.
Se trata de "una tentativa fallida de silenciar a los abogados y apartarlos de la defensa de los derechos y libertades", añadió el comunicado.
Kilani, de 67 años, es presidente del colectivo de defensa de Bhiri, exdiputado y vicepresidente del partido islamista Ennahda -principal fuerza del ahora suspendido Parlamento- que fue detenido el 31 de diciembre e ingresado dos días más tarde en el hospital de Bizerta (norte) después de iniciar una huelga de hambre y abstenerse de tomar su tratamiento médico en protesta por su detención "arbitraria".
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Tras decretar el Estado de excepción el pasado 25 de julio, que incluyó el cese del primer ministro y la suspensión indefinida del Parlamento, el mandatario ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".
Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.
Desde entonces la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -como la prohibición de abandonar el territorio y arrestos domiciliarios- contra varios magistrados, hombres de negocios y diputados. Además, al menos dos parlamentarios han sido convocados ante la justicia militar.