La petición fue hecha durante una sesión a propósito del 183 periodo de sesiones de la CIDH, en la que se abordó la situación de la independencia judicial en El Salvador.
Alejandra Manavella, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), expuso que las organizaciones no gubernamentales también pidieron a la CIDH que dé seguimiento al "riesgo" en que se encuentran jueces y magistrados y que ordene al Estado que "cese de forma inmediata las estrategias de hostigamiento, persecución y acoso judicial".
Además, se solicitó que, ante el agravamiento de la "situación de riesgo" para las personas operadoras de justicia y con el fin de evitar daños irreparables a la vida, integridad y a la independencia judicial, se tramite con urgencia medidas de protección que se requieran.
"Dado que las afectaciones a la independencia judicial y a los derechos humanos en El Salvador son consecuencia de una problemática estructural, solicitamos a la CIDH no dar concesiones especiales de plazos al Estado que retrasen las peticiones sobre operadores de justicia", apuntó Manavella.
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Asimismo, pidieron a la CIDH que realice una visita de trabajo para ampliar y actualizar la información y que se emitan nuevas recomendaciones en esta materia para el Estado.
Xenia Hernández, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, expuso que la destitución del fiscal general y de magistrados constitucionales, el 1 de mayo de 2021 por parte de la nueva legislatura del Congreso, es el primer "signo de debilitamiento" a la independencia judicial.
"La remoción (del 1M) se realizó sin trámite previo. No hubo comunicación de cargos, ejercicio del derecho de defensa, ni debate en la plenaria, contraviniendo todos los estándares internacionales que exigen garantías para separar del cargo a operadores de justicia", expresó.
Mencionó también la reforma legal que cesa a los juzgadores sexagenarios que fue aprobada en septiembre del años pasado.
La reforma a la Ley de la Carrera Judicial fue publicada en la edición del 14 de septiembre del Diario Oficial y fue el último paso, tras su aprobación y firma del presidente Nayib Bukele, para su entrada en vigencia.
Se estima que alrededor de 200 jueces pueden ser cesados por la reforma, que fue criticada y rechazada por las Naciones Unidas y por el Gobierno de Estados Unidos.
Hernández añadió que el Congreso también aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que, entre otras cosas, otorgan al fiscal general la potestad para "el ingreso, contratación, ascenso, traslados, renuncias o remoción de funcionarios" de la institución.
Las reformas a dicha normativa, criticadas por la oposición, también establecen que fiscales que tengan 60 años o más "deberán cesar inmediatamente en sus funciones" y faculta al fiscal general a realizar traslados y nombramientos correspondientes.