El tribunal de instrucción parisiense que investiga el caso confirmó los principales cargos contra el grupo, entre ellos el de complicidad en crímenes contra la humanidad, que había sido retirado en Apelación en noviembre de 2019, antes de que el Supremo ordenara una revisión en septiembre pasado.

La instrucción fue abierta en 2017, ante las sospechas de que Lafarge pagó a esos grupos armados importantes cantidades de dinero, y al EI se calcula que fueron 4,8 y 10 millones de euros de 2013 a 2014, para poder mantener su actividad en la ciudad siria de Jalabiya.

También se investiga si vendió cemento a ese grupo terrorista y si compró materiales a facciones yihadistas a través de intermediarios.