"El fracaso a la hora de abordar los abusos policiales en anteriores elecciones kenianas podría alentarlos a repetir su mala conducta en las elecciones generales de este año", advirtió este martes en un comunicado el director de HRW para África oriental, Otsieno Namwaya.
Las elecciones kenianas de los últimos años, especialmente en 2007 y 2017, se vieron marcadas por brotes de violencia instigada políticamente sin que eso se haya traducido en una rendición de cuentas efectiva.
Según la organización, las interferencias políticas en la Policía, la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad o la incompetencia de la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA, en inglés) -un organismo civil creado en 2011 con presupuesto del Estado- han resultado en un escenario de impunidad.
Organizaciones de derechos humanos documentaron más de 100 asesinatos perpetrados por la Policía y por pandillas armadas en los disturbios desatados tras los comicios de 2017, anulados por el Tribunal Supremo keniano y repetidos en octubre de ese año.
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Sin embargo, IPOA solo recomendó que se investigaran dos casos en los que murieron menores, denunciaron activistas a los que entrevistó HRW.
En este sentido, trabajadores y extrabajadores de la IPOA aseguraron a la organización que la policía y funcionarios del Gobierno "intimidaron a testigos, protegieron a los agentes que habían violado la ley, se negaron a cumplir con la obligación legal de informar a la Autoridad cada vez que se producía una muerte y evitaron que agentes testificaran".
Según HRW, otro de los ejemplos de la falta de voluntad política es la suspensión en 2014 de un mecanismo establecido en 2011 para identificar y destituir a los agentes implicados en abusos de derechos humanos.
Este mecanismo identificó en 2014 a 20 agentes que no eran "aptos" para ejercer, la mayoría de los cuales fueron readmitidos en el cuerpo tras la suspensión.
Después de la violencia postelectoral de 2007, la peor que ha vivido el país, una comisión de investigación recabó que "la Policía violó, saqueó y mató a al menos 405 personas", subrayó HRW, en unos disturbios que dejaron en total al menos 1.100 muertos y más de 600.000 desplazados.
Más allá de la violencia electoral, la plataforma keniana proderechos humanos Missing Voices (Voces Perdidas) documentó en 2021 al menos 219 asesinatos extrajudiciales o desapariciones forzadas a manos de la Policía en el país.
Sin embargo, desde 2016, la plataforma documentó solo 27 casos de policías condenados por este tipo de violencia y en 12 de ellos pasaron entre seis y once años antes de que se dictara sentencia.
En un informe publicado el pasado mes de mayo, la Comisión Nacional de Cohesión e Integración (NCIC) de Kenia reveló que al menos seis condados del país, incluidos los que albergan sus principales ciudades, corren un alto riesgo de tener unas elecciones violentas en agosto.
El ex primer ministro y líder opositor Raila Odinga encabeza la contienda para ser presidente en Kenia, según los sondeos de intención de voto, frente a su gran rival y vicepresidente saliente, William Ruto.
Kenia es identificada a menudo por la comunidad internacional como una potencia estabilizadora de la convulsa región del Cuerno de África y un socio leal de Occidente.