En un comunicado emitido a última hora del jueves, la Policía reveló "avances significativos en la investigación de los presuntos instigadores de la incitación a la violencia pública a través de las redes sociales y otras plataformas durante el período de disturbios".
La investigación, guiada por la Fiscalía, resultó en el arresto este jueves de "veinte personas de interés" en un operativo conjunto de varias fuerzas policiales en las provincias de KwaZulu-Natal, Gauteng, Noroeste, Estado Libre, Cabo Occidental y Cabo Norte.
"Se espera que los veinte sospechosos arrestados comparezcan ante el Tribunal de Primera Instancia Central de Durban (este) el viernes, 12 de agosto de 2022, por cargos que van desde conspiración para cometer violencia pública, incitación a cometer violencia pública e incitación a cometer un incendio provocado", explicó el portavoz policial, brigadier Thandi Mbambo.
"La investigación continúa y más arrestos son inminentes", agregó Mbambo.
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La oleada de violencia que Sudáfrica vivió en julio de 2021 comenzó el día 9, inicialmente en forma de protestas en el este del país por el encarcelamiento del polémico expresidente Jacob Zuma (2009-2018) por un desacato judicial cometido al negarse repetidamente a declarar por corrupción.
En los siguientes días, los altercados se replicaron en otras zonas -especialmente en Johannesburgo- y degeneraron en una cascada de disturbios y pillaje masivo y sin precedentes para la democracia sudafricana.
El estallido de violencia se veía así alimentado por problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, el desempleo, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el malestar por la pandemia de covid-19.
Sólo a partir del 14 de julio las autoridades empezaron a retomar el control de las zonas afectadas, gracias en gran medida al despliegue de 25.000 soldados para apoyar a la Policía, superada por los hechos.
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, afirmó entonces que los incidentes fueron "instigados" y "hubo gente que los planeó y los coordinó", pero la Justicia no ha determinado aún grandes responsables intelectuales de los altercados.
El pasado abril, Ramaphosa manifestó ante una comisión que investiga los disturbios que las protestas violentas fueron un "ataque deliberado" para descarrilar la economía y la democracia.