La delegación del Congreso de Estados Unidos, que realiza una visita oficial los días 21 y 22 de agosto, contó con la presencia del demócrata Chris Coons, cercano al presidente Joe Biden; el republicano Gary Peters así como los representantes Rob Portman, Dave Joyce, Chrissy Houlahan y David Price.
"Senadores y representantes expresaron su firme apoyo a la democracia de Túnez y las aspiraciones del pueblo tunecino de un gobierno democrático receptivo, transparente y responsable que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, al tiempo que prioriza el futuro económico del país", señaló la embajada estadounidense en un comunicado.
Asimismo subrayaron la importancia de un poder judicial independiente y un parlamento "activo y empoderado" para restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
En una reunión celebrada este domingo con el mandatario, Kais Said, éste calificó de "inaceptables" las declaraciones realizadas por varios responsables estadounidenses y recordó que "Túnez es un Estado libre, independiente y soberano".
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El pasado 29 de julio el ministro tunecino de Exteriores, Othman Jerandi, anunció haber convocado a la encargada de negocios de la embajada de EE.UU, Natasha Franceschi, para transmitirle su descontento ante lo que consideró una "injerencia" después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmase que la nueva Constitución "debilita" la democracia tunecina.
Unas declaraciones que coincidieron con el discurso ante el Congreso del nuevo embajador en el país, Joey Hood, que aseguró que "utilizará todos los recursos de la influencia americana para abogar a favor del regreso a un régimen democrático".
La nueva Carta Magna, aprobada en referéndum el pasado 25 de julio con el 96,4% de los votos y una abstención record del 70% del electorado, entró en vigor el pasado miércoles e instaura según los expertos un régimen político "ultrapresidencialista" y que compromete la separación de poderes.
El referendo, boicoteado por la oposición, se celebró exactamente un año después de que Said decretara el estado de excepción y se arrogara plenos poderes para "reconducir" el proceso revolucionario iniciado en 2011.