“Los Estados miembro y otros con ideas afines se reunieron hoy (martes) con las autoridades israelíes para plantearles nuestra profunda preocupación por las redadas” contra organizaciones de la sociedad civil palestina, escribió Tzantchev en Twitter.
“Estas acciones no son aceptables”, subrayó, al afirmar que la UE “seguirá apoyando” a estas organizaciones “que tienen un papel en la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos”, ya que “hasta ahora no se ha recibido ninguna información sustancial de Israel que justifique la revisión de esta política”.
El 18 de agosto, soldados del Ejército de Israel allanaron, registraron, incautaron documentos y clausuraron las sedes en Ramala de seis organizaciones palestinas que declaró como “terroristas” el año pasado.
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Se trata de Al-Haq, que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos en los territorios ocupados, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, Defensa Internacional de la Infancia y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola.
A estas se sumó la clausura de los Comités de Trabajo para la Salud, que habían sido previamente catalogados como ilegales, y para los cuales trabajaba la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, que recientemente pasó diez meses en una prisión israelí por “prestar servicios a una organización ilegal” y “recibir dinero e introducirlo ilegalmente” en Cisjordania ocupada.
Unos días después de las redadas, agentes israelíes detuvieron e interrogaron por unas horas al director de Defensa Internacional para la Infancia, Khaled Quzmar, mientras que el director de Al Haq, Shawan Jabarin, recibió una llamada “en tono amenazante”.
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Las siete oenegés, que tras las redadas decidieron reabrir sus puertas, tienen décadas de experiencia en el activismo social en los territorios palestinos y todas ellas son socias de respetadas organizaciones internacionales y recibían fondos del exterior, sobre todo europeos.
Israel alega que estas organizaciones actúan como brazos del Frente Popular de Liberación Palestina -considerado terrorista por Israel, EE.UU. y la UE-, recaudando fondos y reclutando miembros para ellos. Las ONG apelaron su calificación como terroristas al no haber presentado Israel ninguna evidencia al respecto.
El lunes, 150 organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch y Artículo 19, emitieron un comunicado conjunto para expresar su solidaridad con las oenegés palestinas.
Se trata de "la última escalada de la campaña generalizada de Israel para silenciar y desacreditar a cualquier persona u organización palestina que se atreva a buscar justicia por las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Israel", indica el comunicado.
Estados Unidos y las agencias de la ONU que operan en los territorios palestinos ocupados también cuestionaron las clausuras.