La letrada peruana dijo durante el encuentro que las víctimas serán el centro de su mandato, que arrancó el pasado 1 de agosto, y que mantendrá la comunicación con las familias de estas víctimas.
A su vez, los activistas le pidieron que trate de averiguar el paradero de dos pescadores norcoreanos que fueron repatriados por el Gobierno surcoreano en 2019 en un caso muy polémico.
La celeridad con la que ambos hombres, que supuestamente confesaron haber asesinado a la tripulación con la que trabajaban, fueron entregados al país vecino, donde no existen las garantías de un estado de derecho, ha provocado la apertura de una investigación de la fiscalía centrada en el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano, Suh Hoon.
Salmón, que aterrizó el sábado en Seúl para una visita de ocho días, tiene previsto reunirse también con representantes del ministerio de Unificación surcoreano (encargado de las relaciones con el Norte) y Exteriores, además de con desertores norcoreanos, para conocer sus experiencias en el país de primera mano.
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La relatora compilará los hallazgos de su primer viaje a Seúl en un informe que debe ser remitido a la Asamblea General de la ONU en octubre.
Salmón, doctora en derecho internacional por la Universidad de Sevilla, es la primera mujer en ostentar este cargo creado en 2004 y la segunda hispanohablante después del abogado argentino Tomás Ojea Quintana, a quien ha sucedido como relatora.
Durante sus seis años como relator, Ojea no obtuvo nunca una invitación del régimen norcoreano para visitar el país, algo que también les sucedió a sus predecesores, el tailandés Vitit Muntarbhorn y el indonesio Marzuki Darusman, y no se espera que Salmón vaya a tener más suerte.
Al hecho de que el régimen no reconoce la figura del relator de la ONU se suma el de que el país mantiene cerradas sus fronteras a cal y canto desde 2020 para evitar la propagación de la covid.
El régimen norcoreano es señalado por la falta de respeto hacia los derechos básicos de sus ciudadanos, y una comisión especial de la ONU ya subrayó en 2014 prácticas comunes como "exterminio, asesinato, esclavitud, desapariciones, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos, privación de alimento, desplazamiento forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos o de género".