"Hay señales preocupantes de una nueva escalada de las hostilidades en el noreste de Siria. Como en el pasado, los civiles son los que pagan con su vida, además de sufrir la destrucción de infraestructuras básicas y de desplazamientos", dijo el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Laurence.
La serie de ataques ocurrieron el pasado fin de semana y tuvieron impacto en nueve campamentos, algunos de ellos densamente poblados.
Según las últimas informaciones recogidas en las zonas afectadas, más de 400 familias tuvieron que desplazarse de nuevo tras la destrucción del área y de las tiendas de campaña en las que vivían.
El nivel de violencia armada había empezado a aumentar en octubre con acciones del grupo terrorista conocido como Organización para la Liberación del Levante (Hayat Tahrir al-Sham, HTS), que controla la provincia de Idleb y que había empezado a moverse hacia la provincia vecina de Alepo, bajo control de las fuerzas gubernamentales.
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Estas últimas sostienen que en los campamentos de desplazados de Idleb viven terroristas.
"Queremos enfatizar que los ataques indiscriminados están prohibidos por el derecho internacional humanitario y, dependiendo de las circunstancias, pueden constituir crímenes de guerra", sostuvo Laurence.