En un comunicado, la ONG exige que el Gobierno del nuevo primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, que asumió en octubre, haga pública información sobre las investigación relacionada con los asesinatos, lesiones y desapariciones de manifestantes durante y después de las revueltas.
Asimismo, acusa a su antecesor Mustafa al Kazemi de "no cumplir sus promesas de responsabilidad legal para el personal de seguridad del Estado y los grupos armados respaldados por el Estado responsables de matar, mutilar y hacer desaparecer a cientos de manifestantes y activistas desde 2019".
HRW indica en la nota que ha preparado un informe de 40 páginas sobre las víctimas de las fuerzas de seguridad durante esas protestas, titulado "Para hacer dormir la ley: violencia contra los manifestantes y perpetradores irresponsables en Irak".
El informe detalla casos específicos de asesinatos, lesiones y desapariciones de manifestantes durante y después del levantamiento popular que duró entre 2019 y 2020 en el centro y sur de Irak.
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"Al Kazemi asumió el poder en mayo 2020 prometiendo justicia por los asesinatos y desapariciones, pero cuando dejó el cargo en octubre de 2022, su gobierno no había hecho ningún progreso concreto en hacer que los responsables rindieran cuentas", dijo.
"Después de dos años y medio con Al Kazemi en el poder, sus promesas de justicia por la violencia despiadada contra los manifestantes pacíficos resultaron ser vacías, y los asesinos están libres", subrayó el subdirector para Oriente Medio de HRW, Adam Coogle.
Según Naciones Unidas, alrededor de 500 manifestantes fueron asesinados durante pocas semanas de protestas desatadas en octubre de 2019 por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados respaldados por el Estado, recordó la nota.
Apuntó también que "la violencia contra los manifestantes persistió incluso después de las protestas, a través de una campaña de asesinatos selectivos contra destacados activistas, la mayoría de los cuales eran percibidos como voces influyentes en el movimiento de protesta".
Al Kazemi, si bien estableció un comité para investigar la violencia contra los manifestantes, éste no ha publicado "información sustancial sobre sus hallazgos, ni siquiera reveló los casos que examinó, y mucho menos los resultados de las investigaciones que llevó a cabo".
HRW dijo en el informe haber examinado los casos de 11 iraquíes sometidos a violencia, cinco de los cuales asesinados, incluidas dos mujeres, otros cinco heridos y uno secuestrado y desaparecido.