En este caso fue condenado, asimismo, un exgerente de la estatal Petroecuador Pablo Flores, también como autor directo, así como otras nueve personas, a quienes se les sentenció a penas menores.
Los procesados también deberán pagar unos 350.000 dólares como indemnización al Estado.
Celi y Flores además perderán sus derechos políticos por el tiempo de la pena y deberán presentar disculpas públicas, aunque sus abogados defensores aseguraron que apelarán la sentencia y no descartaron, incluso, acudir a instancias internacionales.
El excontralor había sido recluido en una cárcel de Quito desde abril de 2021, pero un año después, y tras cumplir 65 años de edad, un juez ordenó su salida de prisión para que siguiera el proceso bajo arresto domiciliario.
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La Fiscalía del Estado acusó a Celi por la eliminación ilegal de glosas en favor de empresas que, aparentemente, pagaban abundantes sumas de dinero para desvanecer las irregularidades.
En mayo de 2021, José Augusto Briones, quien se había desempeñado en 2018 como secretario de la Presidencia del Gobierno del entonces presidente Lenín Moreno, y que estaba imputado en este caso, fue encontrado muerto en la misma cárcel en la que estaba Celi.
Este proceso tuvo su origen en Estados Unidos, donde un primo de Celi, José Raúl de la Torre, y el también ecuatoriano Roberto Barrera eran investigados por el delito de lavado de activos.
De la Torre había sido funcionario de Petroecuador cuando fue detenido en junio de 2019 en Estados Unidos por ingresar con 250.000 dólares en efectivo y confesó, entonces, sobre una red de sobornos en la que se exigía dinero a cambio de contratos con el Estado.