El Ejecutivo comunitario lo confirmó al aprobar el tercer desembolso del fondo de recuperación para España que, de recibir luz verde de los Estados miembros, supondrá el pago de 6.000 millones de euros que elevarán a más de 37.000 millones las transferencias directas recibidas hasta el momento, más de un tercio del total asignado.
El hito 173 del plan exige la puesta en marcha de un Sistema Integrado de Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el que cargar información sobre la aplicación del plan, el seguimiento de los objetivos y otras cuestiones como el resumen de auditoría y datos sobre beneficiarios de las ayudas.
Aunque Bruselas dio luz verde a este hito a finales de 2021, cuando evaluó la solicitud del primer pago, España se comprometió a subsanar en un plazo de nueve meses algunas deficiencias para garantizar una implementación continuada y eficiente de las obligaciones de auditoría y control.
En concreto, estas estaban relacionadas con la recopilación de información sobre los beneficiaros reales de las ayudas otorgadas a empresas extranjeras que no disponen de representante legal en España y con los procesos para que las diferentes administraciones tengan acceso a estos datos.
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"España ha mejorado la recolección de datos sobre propietarios reales de empresas extranjeras que no tienen representante legal en España, tanto para contratos ya concluidos como para futuros contratos", apunta el Ejecutivo comunitario en su análisis.
Para solucionarlo, España ha firmado acuerdos con la Agencia Tributaria, el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad para facilitar el intercambio de información sobre estos beneficiarios reales cuando la información haya sido recopilada por alguna de estas entidades.
Para los casos en los que esa información no está disponible, el Gobierno ha firmado una orden ministerial para permitir que las autoridades que organizan licitaciones públicas puedan solicitar estos datos directamente a las empresas extranjeras; y concluido un acuerdo con el Ministerio de Justicia para que las autoridades puedan extraer esa información de los registros de beneficiarios reales de otros países.
Con esto, Bruselas considera que España ha cerrado los últimos flecos del sistema de auditoría y control del plan, que ya está en marcha y se utilizará para vigilar el uso de las ayudas durante todo el periodo de vida del fondo, hasta mediados de 2026.