Una segunda persona fue detenida por el mismo caso y puesta en libertad pocas horas después aunque el tribunal financiero le impuso una prohibición de abandonar el país.
Jalled, de 46 años, fue diputado del partido "Viva Túnez" -segunda fuerza del ahora disuelto Parlamento- y es también presidente del equipo de fútbol Futuro Deportivo de Soliman, que juega en primera división.
En las últimas horas las fuerzas de seguridad detuvieron a los opositores Chaima Issa e Issam Chebbi mientras que un tercero, el constitucionalista Jaouhar Ben Mbarek, logró darse a la fuga cuando la Policía se presentó en su domicilio para detenerle.
Los tres forman parte del movimiento Frente del Salvación Nacional, liderado por Ahmed Nejib Chebbi- hermano de Issam Chebbi- y que reúne a figuras y partidos de diferente procedencia en el espectro político.
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Issa, profesora universitaria, fue convocada a finales de enero por la Justicia militar por "insulto" al mandatario Kais Said- que se hizo con plenos poderes en julio de 2021- tras acusarle en una emisión de radio de atacar el proceso democrático iniciado con la revolución popular de 2011.
Desde el pasado 11 de febrero una decena de personas han sido detenidas por un supuesto caso de "complot contra la seguridad del Estado", entre ellos el exministro de Justicia y vicepresidente del partido islamista Ennahda, Noureddine Bhiri, y el antiguo dirigente del partido socialdemócrata Ettakatol, Jayam Turki.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y el Parlamento Europeo han reaccionado a la creciente persecución de oponentes y pedido el cese inmediato de los procesos militares contra civiles, especialmente opositores.
Said acusó a los detenidos- que carecen de cargos oficiales según sus abogados- de ser responsables de la carestía y el desabastecimiento de productos de primera necesidad- como azúcar, cafe y leche- que viven los tunecinos en los últimos meses.
Sin embargo, los expertos explican esta situación por la falta de liquidez de sus arcas públicas, al borde de la bancarrota, al tiempo que el Gobierno negocia un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.900 millones de dólares.
Mientras, la oposición denuncia una persecución judicial contra los disidentes a través de casos "fabricados" en un intento por desviar la atención pública de la crisis económica y social.