En total, en 2021 hubo más de 19,6 millones de niños viviendo esa situación, lo que equivale a uno de cada cuatro menores de edad del conjunto de la UE.
En el caso de España, la ratio empeora y uno de cada tres menores vive en situación de pobreza infantil, según los autores del informe publicado en Bruselas.
España presentó la segunda tasa más elevada de los 14 países de la UE analizados en el estudio, con un 33,4 % de niños, una cifra solamente superada por el 41,5 % de Rumanía.
En un comunicado, Save the Children vinculó el aumento del número de niños en riesgo de pobreza, que la entidad calificó como "alarmante", al contexto de inflación a raíz de la guerra en Ucrania y a las consecuencias de la pandemia de la covid-19 y la crisis climática.
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La organización por los derechos de la infancia alertó que las familias que más sufrieron durante la pandemia son, justamente, las que más vuelven a sufrir con el actual aumento del coste de la vida, y denunció que hay familias obligadas a saltarse y racionar comidas debido al aumento del precio de los alimentos básicos.
El estudio de Save the Children también constata que la pobreza infantil afecta más a los niños migrantes o en situación irregular, y que su impacto también es mayor entre los que tienen alguna discapacidad o viven en familias monoparentales.
Aun así, la entidad tiene "esperanza" para darle la vuelta a las cifras actuales, y urge a los Estados miembros a implementar rápidamente la Garantía Infantil Europea, el primer programa integral de la UE para reducir la pobreza infantil a escala comunitaria.
La estrategia da orientaciones a los Estados para recortar las desigualdades en la infancia mediante, por ejemplo, la prestación de una educación gratuita durante las primeras etapas de la infancia, el acceso gratuito a la asistencia sanitaria o la garantía de al menos una comida saludable gratis en la escuela.
El director general de Save the Children España, Andrés Conde, afirmó, en un comunicado, que el reto de España consiste en que las comunidades autónomas y los municipios elaboren sus propios planes de acción de Garantía Infantil, el programa con el que la UE aspira a reducir la pobreza infantil de aquí a 2030.
Según Conde, es importante contar con las administraciones subestatales en este proyecto, ya que, a su juicio, en su nivel de competencias es "donde la responsabilidad de la prestación de servicios clave para el bienestar de la infancia es mayor".
El objetivo de la UE pasa por reducir, de aquí a 2030, como mínimo en 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza, de las cuales al menos cinco millones sean menores de edad.