"Para nosotros está claro: la ley húngara viola la legislación de la UE, los derechos fundamentales y los valores de la UE. Llevamos a Hungría ante el TJUE y ahora le corresponde al Tribunal pronunciarse sobre el caso. No haremos comentarios sobre cada paso del proceso", dijo hoy a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario.
Con la incorporación de Alemania y Francia al procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea contra Hungría por su ley anti-LGBTQ+, ya son catorce los países de la UE que se suman al Ejecutivo comunitario en este caso en el que ya se había personado Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Portugal, Irlanda, España, Malta, Austria, Suecia, Eslovenia y Finlandia.
También el Parlamento Europeo anunció en marzo pasado su personación en la causa iniciada por Bruselas contra el Gobierno húngaro por su legislación discriminatoria contra el colectivo LGTBIQ+ y opuesta a los estándares comunitarios.
En julio de 2021, poco después de que el Gobierno húngaro adoptara esta legislación, una mayoría del Parlamento Europeo ya la consideró "un ejemplo deliberado y premeditado del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en Hungría, donde las campañas de desinformación y la LGBTIQ-fobia organizadas y promovidas por el Estado se han convertido en instrumentos para la censura política".
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La Comisión Europea decidió el pasado julio denunciar a Hungría ante la justicia europea por su legislación que prohíbe hablar sobre la orientación sexual en escuelas y medios de comunicación, inicialmente planteada como una norma para luchar contra la pedofilia pero que ha despertado duras críticas por su carácter discriminatorio contra el colectivo LGTBIQ+.
La Comisión cree que la ley viola las normas del mercado interior, los derechos fundamentales de las personas (en particular de las personas LGBTIQ+) así como los valores de la UE y determinó que, tras un año con el expediente abierto, las autoridades húngaras no se habían comprometido a ningún cambio para remediar las incompatibilidades de la norma con las directivas comunitarias.
Budapest ha justificado de manera continuada su legislación como necesaria para la protección de la infancia.