"Sembrar discordia es incluso más grave que asesinar y algunos países y partidos políticos hablan de miedos (…) dicen estar preocupados cuando hablamos de una llamada a la guerra civil y la ley que ha sido cumplida por los jueces con integridad", defendió el mandatario durante un consejo de ministros.
La Justicia ordenó este jueves prisión provisional para el expresidente del Parlamento suspendido y líder del partido islamista Ennahda, Rached Ghannouchi, después de nueve horas de interrogatorio por un supuesto caso de "complot contra la seguridad del Estado".
El político de 81 años fue detenido este lunes por orden de la Fiscalía después de una declaraciones "provocativas" en las que afirmó que "Túnez sin Ennahda, sin islam político, sin izquierda o sin otra forma de oposición, es un proyecto de guerra civil".
Ghannouchi ha sido interrogado numerosas veces en el último año en el marco de diferentes causas, la última relacionada con una presunta red que enviaba jóvenes yihadistas a zonas de conflicto tras la caída del antiguo régimen.
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Otros seis miembros de Ennahda han sido arrestados en el mismo caso después de que la Policía registrara sus domicilios y clausurase las oficinas del partido, cuyas reuniones han sido prohibidas en todo el territorio. Desde su legalización al inicio del proceso democrático en 2011, Ennahda ha gobernado a través de diferentes coaliciones y fue la fuerza más votada de las últimas legislativas en 2019.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló hoy en un comunicado que esta detención representa una "escalada preocupante" contra opositores políticos e instó al Ejecutivo a respetar la libertad de expresión.
Horas antes, el Ministerio de Exteriores tunecino declaró que la Justicia "no cederá a la presión" de sus "socios" tras las críticas y denunció una "injerencia inaceptable" en los asuntos internos del país.
Por su parte, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) pidió este miércoles poner fin a su "desenfrenada represión" contra todas las formas de disidencia legítima a través de arrestos arbitrarios y procesamientos cada vez más "politizados".
Desde el pasado mes de febrero, las detenciones han aumentado y una veintena de destacados jueces, políticos, periodistas y empresarios se encuentran en prisión provisional, bajo la ley antiterrorista, por un supuesto delito de "complot contra la seguridad del Estado".
Un caso "vacío", según la defensa, que trata de atacar cualquier intento de la oposición por organizarse de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024, todavía en el aire.
El presidente Kais Said se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "recuperar la paz social" y, un año más tarde, ratificó una nueva constitución, votada en referendo pese al 70% de abstención, que instaura un régimen ultrapresidencialista.