En septiembre pasado, el Consejo Temporal Superior de la Magistratura (CSM), órgano disuelto y remplazado "temporalmente" por el mandatario, retiró la inmunidad a Hmaidi tras abrir una investigación administrativa.
En febrero de 2022 la AMT convocó una huelga indefinida después de que Said decretase el cese de 57 jueces y cuya lista nominativa fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (JORT). Sin embargo, las movilizaciones fueron suspendidas tras la amenaza del Ejecutivo de retirarles el sueldo y tomar medidas disciplinarias.
Pese a que un tribunal administrativo falló poco después a favor de 49 magistrados para ser reintegrados en sus puestos, la decisión no ha sido aplicada todavía por las autoridades y los magistrados denuncian una "instrumentalización judicial".
En julio pasado, la Justicia ordenó la detención de dos de los jueces inhabilitados, el expresidente del Tribunal de Casación, Taïeb Rached, y el antiguo fiscal del Tribunal de primera instancia de la capital, Béchir Akremi. El primero acusado de un supuesto caso de corrupción financiera, mientras Akremi se enfrenta al cargo de ocultación de pruebas sobre los asesinatos políticos de los líderes de izquierda Mohamed Brahim y Chokri Belaid en 2013.
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Said se hizo con plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social" y, un año más tarde, ratificó una nueva constitución- aprobada en referéndum pese a una abstención del 70 % del censo- que instaura un régimen político ultrapresidencialista.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) acusan a Said de socavar la independencia judicial, especialmente tras arrogarse el poder de suspender a los jueces en caso de "violar sus deberes profesionales" y prohibirles el derecho a huelga.