La parlamentaria solicitó inhabilitar por 10 años a Villena y señaló en la denuncia que el fiscal general ha infringido la Constitución y ha cometido los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales.
El motivo de denunciar a Villena fue que este archivó la investigación contra Vizcarra (2018-2020), algo que Chirinos afirmó que "resulta inverosímil" y plantea "serias preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de la crisis sanitaria por covid-19".
El documento indica que el archivar la pesquisa vulnera preceptos constitucionales "al no investigar a los presuntos responsables que pusieron en riesgo la vida e integridad de más de 33 millones de ciudadanos que confiaron en las políticas públicas durante el Gobierno de Vizcarra, quien aseguró que las pruebas rápidas eran una opción segura, pese a que no contaban con sustento científico-técnico".
"La muerte de miles de peruanos no puede quedar impune. El fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, al archivar la denuncia contra Vizcarra por la compra de las ineficaces pruebas rápidas durante la pandemia de covid-19, ha cometido los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales", añadió Chirinos en la red social X.
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El 3 de junio, Villena anunció que la Fiscalía decidió archivar y no formular la denuncia constitucional a Vizcarra por no haber encontrado indicios de colusión.
"Por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle", dijo a la emisora RPP.
Vizcarra fue inhabilitado por el Congreso por 10 años por el sonado caso del 'vacunagate', referido a la irregular vacunación contra la covid-19 en 2020, y por otros cinco años, por supuestos vínculos ilegales con empresas cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Y en febrero de 2023, el Congreso peruano aprobó un informe final que recomienda acusarlo constitucionalmente por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de la covid-19 durante la pandemia.
Tras esto, el 26 de abril la exfiscal general Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra y su exministra de salud Pilar Mazzetti por el 'Vacunagate' como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.