Además de Guo, alcaldesa de la población de Bambán -a unos 100 kilómetros al norte de Manila-, el Senado también reclama el arresto de algunos familiares de ésta y otros miembros relacionados con su administración local.
Conforme a la orden, firmada el jueves pero publicada este sábado, Guo está "retrasando, impidiendo y obstruyendo" la investigación sobre presunta trata de personas, detenciones ilegales y abuso físico y tortura dentro de las instalaciones de los casinos virtuales, conocidos en el país como POGO.
La política tenía que declarar el miércoles frente a un panel del Senado, pero, por segunda vez, no compareció al alegar razones de agenda y motivos personales.
"La emisión de la orden de arresto es sólo el primer paso para hacer que la alcaldesa Alice Guo -también conocida como Guo Hua Ping- rinda cuentas ante nuestras leyes", apuntó en un comunicado la senadora Rita Hontiveros, que lidera el citado panel.
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A finales de junio, la Policía filipina dijo que Guo, quien también es investigada ante las dudas de que obtuvo la ciudadanía filipina de manera ilegal y en realidad nació en China, es sospechosa de amparar en Bambán a la mafia china vinculada a los POGO.
Según dijo el abogado de la sospechosa al portal de noticias Rappler, Guo niega todas las acusaciones y todavía se encuentra en el país.
Los casinos virtuales son legales en Filipinas desde 2016, coincidiendo con la llegada al poder del expresidente Rodrigo Duterte, y permiten al público chino jugar de manera virtual al póker o a la ruleta, una actividad ilegal en China.
Sin embargo, desde 2022 un aumento de secuestros y delitos vinculados a las actividades de estos casinos virtuales han alarmado al nuevo Gobierno filipino y a la opinión pública, forzando el debate sobre la prohibición de los POGOS.
Este caso llega además en un momento de creciente tensión entre Filipinas y China por la disputa territorial de varias islas y atolones en el mar de China Meridional.