Así lo señaló a la prensa tras la conferencia en la que se anunció la identificación de los restos.
"También me da como vergüenza, porque puedo creer que los seres humanos, no me importa del pensamiento político que sean, hagan este tipo de cosas, porque matar a una persona y esconderla es de cobardes. Ni en las guerras se hace eso", manifestó.
Sabina Arigón, junto a su hermana y su madre -que aún vive, con 94 años-, fue testigo del secuestro de su padre en su domicilio cuando ella tenía once años, en un operativo en el que participaron represores y soldados de las Fuerzas Conjuntas de la dictadura cívico-militar (1973-1985) que tuvo lugar en Uruguay.
Según contó, ella se dio cuenta sola de que nunca volvería, mucho antes que su madre, quien "lo esperó durante muchos años".
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"La segunda vez que lo detuvieron, volvió en un taxi y mi madre se asomó a la ventana y lo vio bajar del taxi (...) Y después (de su desaparición), durante años, cada vez que paraba un taxi, mi madre se asomaba a la ventana a ver si era él", relató.
Tras su secuestro, cuando Arigón Castel tenía 51 años, su mujer buscó los datos de su paradero, pero las autoridades de la dictadura le decían que su marido podía estar de viaje y que no estaba preso porque no aparecía en los registros, "probablemente porque ya estaba muerto".
"Es vergonzoso, porque le mentían en la cara a una mujer que iba durante años a preguntar, y eso muestra una faceta del alma humana muy oscura", lanzó.
Asimismo, quien aún no le contó a su madre sobre la identificación, dijo que le gustaría que lo hubiera sabido antes, ya que ahora es muy mayor, aunque, "tras una vida buscándolo, con los años hizo el duelo".
Ricardo Perciballe, el fiscal uruguayo especializado en delitos de lesa humanidad, explicó que Arigón fue "un militante sindical y político que por el sólo hecho de resistir a la dictadura, creer en una sociedad distinta, fue privado ilegítimamente de su libertad, trasladado al centro clandestino de detención La Tablada, donde fue sometido a diversas torturas constatadas y luego enterrado en forma clandestina".
El pasado 30 de julio se hallaron durante las excavaciones dirigidas por la Institución Nacional de Derechos Humanos en el Batallón de Infantería Paracaidista 14, en Toledo -a 22 kilómetros de Montevideo-, los restos luego enviados al Laboratorio del EAAF en Argentina para su identificación.
