En una declaración, suscrita por siete de sus nueve miembros, el TC subrayó que no admite a trámite los recursos constitucionales presentados por la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, y una treintena de diputados para anular los resultados de las elecciones del Parlamento de Georgia y del de la autonomía de Adzharia.
El Constitucional recalcó que su decisión, adoptada al término del plazo de dos semanas que tenía para aceptar a trámite o rechazar el estudio de las demandas, es definitiva y contra ella no cabe apelación.
Zurabishvili y los legisladores opositores presentaron el 19 de noviembre pasado los recursos al TC cuestionando la legitimidad de los comicios que, según los resultados oficiales, ganó Sueño Georgiano, la formación gobernante desde 2012.
"El recurso ha sido presentado. Esto es importante, pero no tenemos ninguna confianza en el Constitucional", dijo entonces la representante de la mandataria ante el TC, Eka Beselia.
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La jurista explicó que en el recurso argumenta que "no se respetó el secreto del voto" y que no se abrieron suficientes colegios electorales en el exterior.
Tras los comicios, la oposición comenzó una campaña de manifestaciones de protesta para exigir la celebración de nuevas elecciones parlamentarias.
En medio de la manifestaciones, el 28 de noviembre pasado, el Gobierno georgiano anunció la congelación hasta 2028 del inicio de la conversaciones para la adhesión al Unión Europea, decisión que provocó la radicalización de las protestas.
Desde entonces los mitines diarios frente a la sede de Parlamento han desembocado en violentos enfrentamientos nocturnos entre los manifestantes y las fuerzas antidisturbios.
Según las autoridades, cerca de 300 personas han sido detenidas y casi un centenar de policías han resultado heridos en las pasada cinco noches de violencia en el centro de la capital georgiana.
Zurabishvili, cuyo mandato expira el próximo días 16, ha anunciado que no abandonará el cargo, que tiene funciones meramente representativas, porque no reconoce ninguna legitimidad al Parlamento ni al Gobierno.