"La República Argentina rechaza categóricamente las falsas e infundadas acusaciones del dictador Nicolás Maduro contra el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, a quien ha señalado, sin prueba alguna, de intentar afectar la seguridad de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico", indicaron la Cancillería y el Ministerio de Seguridad argentino, en un comunicado conjunto publicado hoy.
Gallo fue aprehendido el 8 de diciembre pasado por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia hacia Venezuela, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme, tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo.
"Ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios vigentes. Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje", agregó el comunicado, que destacó que "no existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra" y consideró que las declaraciones de Maduro "no solo son falsas, sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen venezolano".
Maduro señaló este lunes que las fuerzas de seguridad de su país detuvieron a 125 “mercenarios” extranjeros, entre los que se encontraría Gallo, con supuestos planes para atentar contra la vida de Rodríguez y aseguró que el gobierno de Milei estaría “directamente” involucrado.
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La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, tachó el discurso de “complot ridículo” y exigió la inmediata liberación del gendarme.
El comunicado conjunto con la Cancillería exigió nuevamente “la inmediata e incondicional liberación” de Gallo, así como garantías de su integridad física y psíquica, “conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países”.
El Gobierno argentino anticipó además que continuará impulsando acciones contra Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos internacionales por “las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, abuso de poder e incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.