Un portavoz de la CPI aclaró que “el asunto del incumplimiento del Estado con una solicitud de cooperación para el arresto y la entrega a la Corte está siendo examinada por la sala competente” y, como parte de este procedimiento, el Gobierno italiano “tendrá la oportunidad de presentar observaciones” y explicaciones sobre lo ocurrido el pasado enero en su territorio.
“Hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares I haya examinado el asunto y emitido una decisión, la Corte no hará más comentarios. Este proceso no trata sobre responsabilidades individuales ni casos contra personas específicas”, advirtió el portavoz.
Al Masri fue detenido el 19 de enero en Turín, siguiendo una orden de arresto emitida por la CPI un día antes, pero fue liberado y devuelto el día 21 a su país a bordo de un avión estatal.
Esto ocurrió sin consulta previa con la CPI, que acusa a Al Masri de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Libia desde febrero de 2015, incluidos asesinatos, tortura y violación como responsable de cárceles libias como la de Mitiga, en las afueras de Trípoli.
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El 22 de enero, la CPI exigió explicaciones a Italia y lamentó que la decisión de poner en libertad de Al Masri se tomó “sin previo aviso o consulta” con el tribunal. “La Corte está buscando, y aún no ha obtenido, una verificación de las autoridades sobre los pasos que supuestamente se tomaron”, advirtió la CPI.
Según analistas, este caso podría haber causado problemas al Gobierno italiano por sus vínculos con las autoridades libias. Para frenar la migración irregular a Italia desde el norte de África por la ruta del Mediterráneo, el Ejecutivo de Giorgia Meloni ha llegado a acuerdos con Libia para un mayor control de los flujos migratorios.
Pero, según Italia, su decisión de dejar a Al Masri en libertad y usar un avión oficial para trasladarlo a Libia se debió, primero, a un “error de procedimiento”, y, posteriormente, añadió, por su “peligrosidad” y por “motivos de seguridad del Estado y de la tutela del orden público”.
Ante las críticas de la oposición, el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, tuvo que dar explicaciones y subrayó que Al Masri no ayuda al Gobierno en la gestión de la inmigración como parte de los acuerdos con las autoridades de Trípoli para que patrullen sus aguas e intercepten posibles pateras con inmigrantes.
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, afirmó, además, que la orden de arresto de la CPI era “absolutamente informal, de pocas líneas” y estaba escrita en inglés.
La orden de arresto contra Al Masri se emitió en el contexto de la investigación abierta por la fiscalía de la CPI desde marzo de 2011 y hay otras siete órdenes de detención pendientes de ejecución, incluido contra Saif al Islam, hijo del fallecido dictador libio Muammar Gadafi.