La estructura está compuesta principalmente por miembros del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor, ente regulador de las telecomunicaciones), el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales, y utiliza centros de cómputo instalados en cada municipio", afirmó el Grupo en un informe presentado en Ginebra y compartido en Costa Rica por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Todas las instituciones públicas también están vinculadas a esta estructura a través de sus secretarios políticos, quienes identifican a los funcionarios públicos y otras personas a investigar, según los expertos.
El Gobierno utiliza esta información -canalizada principalmente a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y la estructura del Frente Sandinista de Liberación Nacional ( FSLN)- para identificar a opositores, vigilar sus actividades, acosarlos o geolocalizarlos, señaló el Grupo.
Esta estructura también determina a quién detener, expulsar, impedir el regreso a Nicaragua o despojar arbitrariamente de la nacionalidad, según el informe.
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Recaban información "desde abajo"
Esa estructura de vigilancia e inteligencia se alimenta de los empleados públicos de confianza infiltrados en todas las instituciones públicas y gobiernos locales, y de miembros del FSLN que integran las llamadas "Unidades de Victoria" y están presentes en todos los distritos, municipios y barrios de Nicaragua.
"Estas Unidades recogen información que los secretarios políticos transmiten a la dirección del FSLN, que la comparte con la Dirección de Información para la Defensa del Ejército -a pesar de la estricta prohibición de que el Ejército participe en la vigilancia política- y/o con los servicios de inteligencia de la Policía", señala el informe.
Los expertos aseguraron que esa red de inteligencia y control, que responde a órdenes de la Presidencia, ha permeado todos los niveles de la sociedad, desde los barrios hasta las alcaldías, los departamentos (provincias) y las delegaciones ministeriales
Según sus hallazgos, la Policía, incluida la Dirección de Auxilio Judicial, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y el Sistema Penitenciario Nacional, con el apoyo de esa red de vigilancia e inteligencia, desempeñaron funciones coordinadas para detener y procesar penalmente a opositores reales o percibidos como tales, cometiendo graves violaciones en el proceso.
El Ejército también desempeñó un papel central en la ejecución de las expulsiones de opositores y disidentes, y el jefe y miembros de la Dirección de Información para la Defensa se dedicaron a la vigilancia política de personas críticas con el Gobierno, según el estudio.
Esa Dirección intercambiaba sus averiguaciones con miembros de alto rango del FSLN y de la Dirección de Inteligencia Policial para identificar a las personas a expulsar, y el viceministro del Interior, Luis Cañas, decidía a quién expulsar basándose en esta información, detalló.
"Toda la población es vigilada"
El Grupo estableció que la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y altos mandos del FSLN coordinan la recopilación de información personal, familiar, laboral y de otra índole sobre personas consideradas una amenaza para la soberanía nacional y la sociedad.
En ausencia de una orden judicial, el viceministro del Interior decide a quién privar de su nacionalidad basándose en esta información, en consulta con la vicepresidenta Murillo, mientras el ente regulador de las telecomunicaciones da información sobre opositores a la Policía, obtenida por interceptaciones ilegales a sus usuarios.
"Esta práctica se legalizó en 2024, cuando la Asamblea Nacional aprobó una ley que faculta a Telcor para vigilar, interceptar y bloquear contenidos en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales, así como para geolocalizar a personas, en nombre de la preservación de la seguridad nacional y el orden público", advirtió el Grupo.
Los expertos aseguraron que estas actividades han creado un clima de miedo y autocensura en torno a la publicación de noticias o el intercambio de información en línea, y que los nicaragüenses residentes en el exterior se abstienen de comunicarse con sus familiares en el país por temor a que sus llamadas y mensajes puedan ser interceptados.
En conclusión, el Grupo dijo que ha documentado una progresiva intensificación de la vigilancia a opositores por miembros de la Policial, servicios de inteligencia, estructuras del FSLN y grupos armados progubernamentales.
"Esta vigilancia no se limita a las personas consideradas opositoras; toda la población es vigilada por la estructura de inteligencia a través del Ministerio de Salud que realiza un censo poblacional que incluye preguntas sobre la ubicación de familiares y sus afiliaciones políticas", según el informe.