"Como organizaciones de derechos humanos, religiosas, y de la solidaridad internacional, condenamos contundentemente la detención arbitraria de Fidel Zavala, portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador", indicaron en un comunicado.
Manifestaron su preocupación por la "alta probabilidad que la detención de Fidel Zavala se dé también como represalia tras la denuncia que este realizara de capturas en contra de líderes comunitarios" en febrero.
Las ONG recordaron que "Zavala, quien estuvo detenido por trece meses antes de ser declarado inocente en marzo de 2023, fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño, en el marco del régimen de excepción".
Además, apuntaron que Zavala denunció públicamente "por tales hechos al director de Centros Penales, Osiris Luna, y a custodios de los recintos penitenciarios".
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Estas organizaciones llamaron al Estado salvadoreño a que "respeten los derechos a la vida y a la integridad personal de Zavala, quien corre un grave peligro dentro de los centros penales por posibles represalias ante las denuncias que interpuso".
"Urgimos la realización de investigaciones imparciales, el respeto al debido proceso y la liberación inmediata de Fidel Zavala", subrayaron.
Las organizaciones firmantes incluyen a la Asociación Americana de Juristas (AAJ), Chicago Religious Leadership Network (CRLN), Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES), Latin American Working Group (LAWG), la Nación Salvadoreña en el Exterior (NSE), National Lawyers Guild-Mesoamerica Working Group (NLG) y U.S.-El Salvador Sister Cities.
La organización a la que Zavala pertenece, UNIDEHC, brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias y otros atropellos en el marco de la suspensión de garantías constitucionales vigente desde marzo de 2022 a través del régimen de excepción.
Este régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales, y se ha convertido en la medida más popular del Gobierno de Nayib Bukele.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.