Romero indicó en la red social X que recibió "con extrema preocupación la aprobación" de la ley y recordó que en junio enviaron al Gobierno "un análisis de las modificaciones" que estaban en ese momento en evaluación.
Instó al Gobierno peruano a no promulgar la ley y "abrir una discusión amplia y plural sobre cómo avanzar en una mejor regulación de la sociedad civil sin necesidad de restringir el derecho a la libertad de asamblea".
Por su parte, Amnistía Internacional expresó su rechazo y preocupación por la aprobación del dictamen que modifica la ley "por poner en riesgo el espacio cívico en Perú y restringir indebidamente los derechos de asociación, libertad de expresión y acceso a la justicia".
Advirtió que, con las modificaciones aprobadas este miércoles, la ley "incrementa el control sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y dejando la puerta abierta a restricciones arbitrarias, discrecionalidad y censura".
"Todo lo que hagan las organizaciones de la sociedad civil con fondos de la cooperación internacional tendrá que ser previamente aprobado por el Estado, lo cual deja estas decisiones a discrecionalidad de las autoridades", indicó la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro.
Expone que la ley establece como falta "muy grave" el uso de recursos provenientes de la cooperación para asesorar, asistir o financiar las acciones administrativas y judiciales en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano.
Alerta de que la ley obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas de diferentes vulneraciones de derechos en Perú, como la represión estatal, la contaminación ambiental o la violencia machista.
"Esta ley alimenta la impunidad de las autoridades que violan los derechos humanos", sostuvo la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer.
Polémico proyecto
El pleno del Congreso de Perú aprobó la ley con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, tras lo cual quedó lista para ser enviada al Ejecutivo para su eventual promulgación o devolución con observaciones.
El dictamen propone cambios en la Ley 27692 con el objetivo de "fortalecer" su trabajo y "contribuir a la transparencia y a la supervisión de los recursos recibidos por otras entidades" que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable.
El Congreso detalló que modifica artículos de la Ley 27692, donde se plantea que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) tiene la responsabilidad de ejecutar, organizar, programar y supervisar la cooperación internacional que se gestiona a través del Estado.
La presentación del proyecto de ley ya generó en junio del año pasado un pronunciamiento de embajadas de la Unión Europea y de Estados Unidos en Lima por la aparente intención de restringir las actividades de la sociedad civil.
