Las autoridades tunecinas aclararon los términos de su pertenencia a la Corte Africana, después de que ayer organizaciones de la sociedad civil tunecinas e internacionales, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), denunciaran su retirada.
"Túnez no se ha retirado del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por el que se establece la Corte Africana", ha salido de "su declaración de 2017, en la que aceptaba la competencia de la Corte para recibir peticiones de particulares y organizaciones no gubernamentales (ONG)", indicó Exteriores.
El Ministerio explicó que 34, de los 55 estados miembros, se adhirieron al Protocolo que establece la corte y solo 12 aceptaron la provisión que permite presentar denuncias a ONG, de los cuáles cinco se retiraron finalmente "alegando la percepción de injerencia en sus asuntos internos".
"Las autoridades tunecinas tomaron esta decisión soberana a la luz del reciente aumento de casos con motivaciones políticas presentados contra Túnez ante la Corte Africana", justificaron las autoridades.
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Estos casos "tenían como objetivo utilizar a la Corte para difamar, socavar la soberanía y las instituciones de Túnez y desacreditar injustamente su poder judicial, a pesar de las amplias reformas legales de Túnez que garantizan la independencia judicial, la imparcialidad y fallos justos", añadió.
Para las organizaciones de la sociedad civil, la Corte Africana ha estado a "la vanguardia en la denuncia y la pronta condena del retroceso en materia de derechos humanos y democracia" de los últimos años en el país norteafricano.
Este órgano jurisdiccional regional ordenó en 2022 la derogación de decretos presidenciales adoptados bajo el Estado de excepción y el que disolvía el Consejo Superior de la Magistratura además de ordenar restablecer la democracia constitucional.
En 2024, también suspendió el decreto que permitía al presidente destituir a jueces, sin embargo ninguna de estas decisiones aprobadas por la Corte Africana han sido aplicadas por las autoridades tunecinas, criticaron las organizaciones.
"Esta retirada es una ilustración más del retroceso en materia de derechos humanos y del Estado de Derecho en Túnez desde que el presidente Kais Said acaparara poderes en julio de 2021", denunciaron ayer once organizaciones en un comunicado conjunto.