En declaraciones a la prensa, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, respaldó hoy a Montero y comentó: "Es una sentencia muy difícil de digerir, hay que respetarla, pero es muy difícil de digerir".
Estimó que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la región de Cataluña (TSJC) de revocar la condena de cuatro años de prisión por violación de una joven "no ayuda" a que otras mujeres denuncien.
El órgano judicial estimó el viernes por unanimidad el recurso presentado por la defensa del jugador y lo absolvió de agresión sexual al concluir que la resolución de la Audiencia de Barcelona que lo condenó adolece de "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones".
En un acto de partido, la socialista Montero criticó hace dos días "que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Según Bernabé, solo el 8 % de las víctimas de agresiones sexuales denuncian y, por lo tanto, esta sentencia no ayuda "a favorecer algo básico y fundamental", que se presenten las denuncias.
La presunción de inocencia es un derecho fundamental, recuerdan los jueces
Por el contrario, las asociaciones de jueces y fiscales pidieron hoy como algo "esencial" que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los magistrados, "evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial".
En un comunicado conjunto, siete asociaciones españolas de jueces y fiscales reaccionaron así a las palabras de la política socialista.
Subrayaron que las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente.
Advirtieron de que la presunción de inocencia es un derecho fundamental de la Constitución española y garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal con pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho.
"Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios", avisaron.
En cuanto a la protección de las víctimas, las asociaciones afirmaron que es fundamental que se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto.
Por su parte, la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE) reivindicó la plena aplicación de la jurisprudencia que da validez a la declaración de las víctimas como prueba de cargo.
Recuerdan que, desde hace muchos años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce que la declaración de la víctima puede ser suficiente para justificar una sentencia condenatoria, incluso aunque fuese la única prueba disponible.